El proceso de reforma estatutaria culminará a mediados del 2007

Con la presentación de la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el Registro de las Cortes, la semana pasada, dio comienzo un proceso «largo, pero sencillo» que podría concluir a mediados del próximo año, en concreto en torno al mes de mayo, según explicaron al término de este acto reglamentario el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y Socialista, José Antonio de Santiago Juárez y Ángel Villalba, respectivamente. Paralelamente, y aunque no es preceptivo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acaba de remitir el texto al Consejo Consultivo para que emita un informe sobre el texto definitivo para su tramitación parlamentaria. Tras el registro, la Mesa de las Cortes calificará el documento y lo admitirá a trámite, para dar paso a su publicación en el Boletín del Parlamento autonómico. Después, el presidente de las Cortes convocará un pleno para su toma en consideración. En este momento, la Mesa abrirá un período de presentación de enmiendas sólo parciales al articulado y no a la totalidad, según informaron a Ical fuentes de las Cámara. Fase de ponencia Una vez que la Mesa califique las citadas enmiendas, el texto entrará en fase de Ponencia y pasará a Comisión, de modo que el documento volverá al pleno para su aprobación, donde deberá contar con el apoyo de dos tercios del Parlamento. Se estima que esto podría ocurrir a finales de noviembre, principios de diciembre. En este momento, el presidente de las Cortes registrará la reforma en el Registro del Congreso de los Diputados, para su toma en consideración y tramitación como un proyecto de ley. Según el apartado seis del artículo 15 del actual Estatuto de Autonomía, para la defensa del texto en el Congreso, cada procurador escribirá el nombre de la persona que considere oportuna en una papeleta. Se elegirán, hasta un máximo de tres procuradores -en el número que previamente haya fijado la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces-, los que hayan obtenido más votos. En el momento de registrar la propuesta en el Parlamento autonómico, PP y PSOE consideraron que se trata de «un día histórico» para los castellanos y leoneses porque se dio el primer paso reglamentario para cambiar su norma institucional básica. A su vez, el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, confió en que el Parlamento regional consiga aprobar el próximo mes de diciembre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad para que él mismo pueda remitirlo en esta fecha a las Cortes Generales. En este sentido se pronunció Fernández Santiago, quien recordó que el Parlamento autonómico está viviendo una serie de acontecimientos también históricos en estos momentos por el hecho de contar con un nuevo Reglamento, estar impulsando su nueva sede y asistir a este primer paso reglamentario para contar con un nuevo Estatuto de Autonomía. «Se ha trabajado mucho, muy bien y, desde el punto de vista jurídico, se trata de un texto muy cuidado que incorpora cuestiones históricas», entre las que citó desde la celebración de las primeras Cortes de León, en 1188, hasta el «anhelo de los recursos hidrográficos», en alusión a la gestión por parte de la Junta de la Cuenca del Duero. El presidente de las Cortes, quien felicitó a los dos grupos mayoritarios por mantener en el documento los criterios que diferencia a la comunidad -población, superficie, envejecimiento y superficie forestal-, deseó que tras la tramitación que acaba de comenzar se pueda decir que «la tercera reforma del Estatuto de Autonomía ha salido serena». «Abierto a la sociedad» Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular destacó que esta «reforma ambiciosa» fue la primera que se «abrió a la sociedad», a través de una Comisión específica para que los agentes implicados se pronunciaran. Además, José Antonio de Santiago-Juárez consideró que ha buscado que todos los castellanos y leoneses estén «a gusto» con su norma institucional básica, para lo que se trabajó desde el consenso y el diálogo. y que «alcanza el techo competencial dentro del marco constitucional».