En el limbo inmobiliario

Desde la llamada «silla de la reina», un ventanal de piedra con asientos labrados en sus laterales, se puede contemplar toda la vega del Cea. Una paradoja porque en este castillo nunca habitó reina alguna.

A lo largo de la historia, la fortaleza ha padecido un continuo vaivén de propietarios privados. Siempre ha sido particular y, por lo tanto, ha estado sometida a los intereses de sus dueños.

Los inicios del inmueble se remontan al siglo X, aunque esta primera edificación fue devastada por Almanzor. La construcción definitiva y de la que hoy se conservan vestigios -”dos torreones y algunos lienzos de la muralla-” fueron factura del rey de León Fernando II, para defenderse de la ambición conquistadora de su hermano Sancho II.

En el siglo XIV, el castillo pasó a manos de Juan Álvarez Osorio que en el siglo XVII abandonó la residencia. En ese momento se pierde el rastro de sus poseedores, hasta 1895, en que está documentada su venta, según la documentación a la que ha tenido acceso el periódico.

Benito Varela Humia compró a la marquesa de Valderas, Isabel Álvarez y Montes, la propiedad del conjunto monumental, pero lo hizo por separado: por un lado, las ruinas del castillo con tres metros de terreno alrededor de éste, y por otro, la parcela que se extiende delante de él. Durante más de medio siglo el castillo permaneció en el legado de los Varela. En los años 60, el departamento de Bellas Artes, ahora Patrimonio, exigió a Benito Varela Temprano, el propietario en ese momento, «la restauración del que fuera monumento BIC desde 1949».

Ante la imposibilidad de hacer frente al pago del arreglo, Varela decidió donarlo a la entidad. En un primer momento lo rechazó. Pero en 1974 decidió aceptarlo. Para poder proseguir con la cesión, la institución demandó la documentación necesaria, que nunca se envió. Por lo tanto, continuó en la herencia de la familia: llegó a Paula Fernández. En este momento, la historia del castillo se oscureció: las fincas se separaron. El solar se vendió a un constructor; y las ruinas, no; según el acta notarial de compra-venta.

A la muerte de la señora Fernández, ésta lo legó a sus sobrinos, según su testamento, que no reclamaron la herencia, conociendo el compromiso económico que suponía el fuerte. Al no ser reclamado, el inmueble debería haber pasado a formar parte del patrimonio estatal.

Sin embargo, en ningún registro consta el traspaso de las ruinas. Ni siquiera aparece la finca del castillo en sí, como si fuera un espejismo. En la lista de Patrimonio, aparece Moisés Alfonso Hidalgo como propietario particular de este monumento que parece suspendido en la indefinición legal, a la que no llegan las subvenciones para arreglos ni mantenimiento.