Ley

El invento del maligno

E l Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley Audiovisual, largamente esperada y continuamente aplazada. Siempre se ha dicho que quien hizo la ley, hizo la trampa. Aquí hemos rizado el rizo: quien hizo la trampa, hizo la ley. Con el agravante de que el Gobierno ha pretendido contentar al mismo tiempo a todos los que hasta hoy han venido haciendo trampas, de donde resulta un panorama poco prometedor. Está muy bien limitar los minutos de publicidad por hora, pero cuando esa limitación alcanza la estratosférica cifra de doce, hablar de «límites» no deja de ser un chiste. Esta es una medida escrita al dictado de los canales y que al espectador va a resultarle pesadísima. Más cosas: la pornografía y la «violencia gratuita» quedan prohibidas. Vale, pero no del todo: esos contenidos pueden emitirse codificados a partir de las diez de la noche. Y ahora preguntémonos cuántos hogares disponen de descodificador y en cuántos hay menores ante la pantalla después de las diez de la noche. La ley prevé la creación de un Consejo Audiovisual y el recurso del espectador ante las «autoridades competentes» (valga la contradicción). Pero, ¿quién compone ese Consejo? ¿Qué papel tienen ahí los canales? ¿Y por qué la iniciativa ha de partir del ciudadano, y no de la propia autoridad competente? El modelo de recurso se parece demasiado al ahora vigente, cuya utilidad se aproxima al cero absoluto. Tengo para mí que los canales estarán contentísimos con esta ley, que les ofrece tales compensaciones a cambio del sacrificio que se les exige para satisfacer a otro poderoso lobby: el del cine español, que recibe con esta ley un espaldarazo muy importante. La industria cinematográfica española va a beneficiarse de la obligación impuesta a las cadenas públicas de invertir el 6% en producción fílmica europea, así como de la imposición de cuotas a todos los canales para emitir productos españoles. Es verdad que los canales han conseguido que parte de esas cuotas puedan incluir series de televisión; así, todos (casi) contentos. Por lo demás, se incorporan los ya conocidos «logros» sobre la TDT de pago y los derechos por retransmisiones deportivas. ¿Un resumen? Si los canales actuaran con conciencia de su función pública y las autoridades pensaran en el espectador, esta ley sería buena. Pero la experiencia nos dice que, en España, esas dos condiciones no se han cumplido jamás.