Considera que el Ayuntamiento no es responsable de la quiebra

El administrador concursal refleja en su escrito de 90 páginas que «no se considera la existencia de administradores de hecho, a pesar de ostentar el Ayuntamiento de León la mayoría del capital social y poder nombrar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración por cuanto no consta que dicho ente local instruyera a los administradores nombrados sobre la forma en la que debían ejercer el cargo».

Este apartado cede cualquier tipo de responsabilidad a las personas físicas que ostentaron algún cargo en el consejo, a pesar de que José Luis Ayala entiende que «no obtuvieron ningún beneficio personal ni en el retraso para solicitar el concurso ni en las irregularidades contables (canon ACB), que —explica— «fue un falso remedio adoptado por muchas entidades deportivas en la misma situación de precariedad patrimonial».

Por otra parte —prosigue el informe— «no podemos obviar el ámbito de la actividad que constituye el objeto social de la concursada, con fuerte presencia de lo público, junto con Agelco, y las connotaciones emocionales de representatividad y proyección exterior de una colectividad, León, lo que suscita expectativas fundadas, aunque en este caso frustradas, de que los poderes públicos acabarían asumiendo el déficit patrimonial con cargo al erario», apunta. Ayala entiende que en este tipo de casos concurren, por tanto, una serie de singularidades que le llevan a la consideración de que, en el caso de declarar culpable el concurso, los implicados no deberían responder con sus bienes a las cantidades reclamadas por los acreedores.