Castigo a la pitada al himno

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte decidió proponer multas por un total de 123.000 euros a la Federación Española de Fútbol como organizadora de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao en la que se producieron pitidos al himno español; 60.000 euros al Barcelona, 15.000 al Athletic y multas de 100.000 euros a Catalunya Acción como instigadora de la pitada, 70.000 al resto de organizaciones que la convocaron.

La Rfef se enfrenta a tres multas como «organizadora principal» del evento deportivo, por un total de 123.000 euros;el Fútbol Club Barcelona a dos multas por un total de 66.000 euros sus «responsabilidades en la organización y desarrollo del dispositivo de seguridad»; y el Athletic Club de Bilbao a una propuesta de sanción de 18.000 euros por «inacción y falta de colaboración» respecto a las convocatorias de reivindicación política en el partido.

La multa a Catalunya Acció de 100.000 se motiva por ser «instigadora de la convocatoria» a la pitada e «inductora de su seguimiento», además de por el reparto de silbatos efectuado para maximizar la pitada.

Por otra parte, el presidente de esta organización, Santiago Espot y Piqueras, se enfrenta a una propuesta de multa de 90.000 euros por su «implicación y participación personal».

Las once organizaciones que se adhirieron al manifiesto a favor de la pitada tienen una propuesta de multa de Antiviolencia de 70.000 euros para cada una.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, anunciaron esta decisión ayer en la sede del CSD, en una rueda de prensa realizada después de una reunión de una hora de la Comisión y aseguraron que son sanciones que no pretenden ser ejemplarizantes. «No estamos ante algo extraordinario ni algo que pueda ser ejemplarizante», expresó Martínez en la rueda de prensa, en la que insistió que la tramitación de estas sanciones seguirá por un procedimiento administrativo que tendrá «todas las garantías» para las organizaciones objeto de sanción.

El secretario de Estado de Seguridad explicó que el proceso de estas sanciones es totalmente independiente de las actuaciones de la Fiscalía Geneneral del Estado por la vía penal.