Los retoques de la reforma laboral
Entre las enmiendas del PP se encuentra la de que no se admitirán en el cómputo los ingresos extraordinarios del año anterior para alegar disminución de ventas.
La tramitación parlamentaria de la reforma laboral no cambiará su esencia, aunque introducirá modificaciones con efecto en determinadas situaciones de despido, negociación colectiva, absentismo y contratos de formación.
Las enmiendas del Grupo Popular son las únicas que cuentan con mayoría para salir adelante, tras haber logrado convalidar el decreto con el apoyo de CiU, UPN y FAC. Pero el Gobierno negociará otras. Eso sí, siempre que no cambien los ejes de la reforma, que mantiene a capa y espada pese a que ya ha provocado una huelga general.
Entre los pequeños agujeros que el PP busca rellenar se encuentra una de las causas de despido. Ahora, la reforma habla de una disminución persistente de los ingresos, por lo que deja la puerta abierta a que si el año anterior la empresa había obtenido unos ingresos extraordinarios por la venta de un inmueble o una filial, podría despedir con la indemnización mínima aduciendo que sus ingresos habían caído al año siguiente. Por eso se enmienda para que sólo se tengan en cuenta los ingresos «ordinarios» y queden fuera los extraordinarios. Además se precisa que hay que comparar cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior para determinar si ha habido tres trimestres seguidos con reducción de ingresos o ventas; con ello se evita el efecto calendario.
Hay otros dos cambios presentados que tranquilizarán a más de un empresario. El primero cierra una rendija de retroactividad de la reforma en los despidos realizados en empresas con beneficios. La práctica de algunas grandes empresas de utilizar el seguro de paro para hacer regulaciones de empleo con menor coste para la compañía provocó el escándalo de la opinión pública hace un año. Sobre todo cuando se anunció que Telefónica preparaba un ERE para 6.500 personas. A raíz del caso Telefónica se cambió la ley obligando a las grandes empresas en beneficios con regulaciones de empleo a pagar el paro de los mayores de 50 años. Esta medida entró en vigor en abril del 2011.
El Grupo Popular quiere limitar la impugnación de los despidos colectivos en el caso de que la presenten representantes sindicales a que estos tengan «implantación suficiente» en la empresa o el ámbito del conflicto. Federico Durán, socio director del área laboral de Garrigues, explica que, sin esta condición, cualquier sindicato sin representación podría impugnar los acuerdos entre empresa y sindicatos representativos.
En cuanto al absentismo, en las enmiendas se dejan fuera las ausencias debidas al tratamiento por cáncer o enfermedad grave. El Grupo Popular enmienda también para aclarar que la autoridad laboral sólo constatará si existe la fuerza mayor que alega la empresa para el despido, pero sin interpretarla. CiU reclama que exista una «mínima proporcionalidad» entre la causa y el despido.