Chipre se replantea la tasa sobre los depósitos para cumplir con Europa

Nuevo giro en las agónicas negociaciones para evitar la quiebra de Chipre. El ministro de Finanzas de la isla, Michael Sarris, admitió ayer que vuelven a replantearse la posibilidad de imponer una tasa a los depósitos bancarios para desbloquear el rescate de la UE. El impuesto, que fue rechazado el pasado martes por el Parlamento de Nicosia, permitiría recaudar los 5.800 millones de euros exigidos por los socios comunitarios para aprobar el salvavidas. El Gobierno chipriota se vio obligado a dar marcha atrás ante el creciente riesgo de que el lunes se cumpla el ultimátum del BCE y sus bancos se desplomen por falta de liquidez. Alemania, por su parte, dio nuevas muestras de que no cederá con las condiciones marcadas y dejaría caer al país en la bancarrota, una perspectiva que provocaría su irremediable salida del euro.

El titular de Finanzas corroboró el cambio de postura del Ejecutivo tras su llegada desde Moscú, donde ha pasado los dos últimos días negociando con el Kremlin. Nicosia pretendía que Rusia le ayudara con un crédito de urgencia o inversiones en sus yacimientos de gas. La isla descubrió que se ha quedado sola. El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, insistió en que no han cerrado la puerta a su socio mediterráneo, pero le pidió que alcanzara primero un acuerdo con la UE.

Las conversaciones con la troika —BCE, Comisión Europea y FMI— continúan abiertas, mientras aún se trabaja sobre el acuerdo rechazado por la Cámara. La gran diferencia sería que las cuentas con menos de 100.000 euros quedarían excluidas del tajo. La vulneración de este límite, protegido por la legislación comunitaria, levantó una oleada de críticas en la UE y llevó al Eurogrupo a rectificar su posición inicial, pidiendo a Nicosia que se centrara en las rentas más altas.

La troika, que en los últimos días ha tenido muchas dificultades para comunicarse con Nicosia, aguardaba medidas adicionales. Pese al incremento en el gravamen, las cifras no daban para alcanzar los 5.800 millones exigidos. La defendida por el Gobierno isleño pasa por la puesta en marcha de un fondo de solidaridad con contribuciones de todo tipo. El Ejecutivo buscaba reforzar este depósito con la nacionalización de las pensiones de los funcionarios, pero la UE se negó. Los planes del Gobierno se ultimaban ayer para su posterior votación en el Parlamento, donde salió adelante la propuesta de un Fondo Nacional de Solidaridad y una ley para restringir las transacciones financieras, parte del ‘plan B’ para salvar sus finanzas.Si no saca adelante las exigencias del rescate, el BCE cortará a partir del lunes los fondos que mantienen a flote al sector bancario.