La UE presiona a España y le hace saber que deberá hacer más ajustes

a. lorente | bruselas

La multa podría ser de hasta el 0,2% del PIB (unos 2.000 millones), podría minorarse hasta el mínimo (a cero) o incluso quedar cancelada, pero el estigma está ahí y para eso, no hay cura. La Comisión Europea activó ayer el proceso sancionador contra España por «no tomar acciones efectivas» para cumplir el déficit de 2015.

El objetivo era del 4,2% y se disparó al 5,1% por medidas como bajar los impuestos, devolver parte de la paga extra a los funcionarios o gastar más de lo permitido por las elecciones del 20-D. Bruselas no quería, «pero España nos lo ha puesto demasiado difícil», confiesa un alto cargo comunitario. Así que habemus proceso sancionador, que conllevará más ajustes, como ya se anunció en mayo. El esfuerzo estructural que habrá que hacer entre 2016 y 2017 se cifró en 8.000 millones.

Tras la decisión anunciada ayer por la tarde y que también afecta a Portugal, el asunto será abordado por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) el martes, día 12. Si avalan el dictamen, algo que nadie duda, comenzará a correr un plazo máximo de 20 días para que el Ejecutivo de Juncker cuantifique la multa. España, por su parte, dispondrá de 10 días para alegar. Todo se decidirá en el Colegio de Comisarios del día 27. La pelota volverá al Ecofin, que si en el plazo de 10 días no dice nada, el dictamen de la Comisión se aprobará de forma automática. Alemania ha adoptado la pose de duro, pero en Madrid aseguran que están de su lado. Veremos, pero la verdad es que después del ‘brexit’, muy pocos quieren meterse en aventuras de sanciones.

¿Qué pasará? Todas las respuestas del vicepresidente Valdis Dombrovskis y del comisario Pierre Moscovici dejaron entrever que la multa será cero o cancelada. «Debe quedar claro que no estamos hablando de multas. Las reglas no son punitivas ni idiotas, son inteligentes. Y ambos países han hecho enormes esfuerzos y sacrificios durante la crisis que están dando sus frutos», recalcó el francés.

Lo que explicaron es que las reglas les obligan a tomar esta decisión porque si no activan la sanción no tendrían margen legal para aprobar una nueva senda fiscal para estos dos países. Para España se traduce en bajar el déficit del 3% en 2017 en lugar de 2016, lo que conllevará un peaje en modo de nuevas reformas, «aún por decidir». En mayo, Juncker indultó a Rajoy y pospuso la multa «para no interferir en las elecciones». Pasado el 26-J, Bruselas ha vuelto.

Otro de los efectos colaterales del proceso sancionador lleva aparejada la congelación parcial de fondos estructurales. Una decisión que se levantará en «tres meses» tras pactar una serie de medidas. «Es el protocolo», dijeron fuentes europeas. Esta medida es independiente de que la cuantía de la multa, aunque sea cero. Fuentes del Gobierno aseguraron sin embargo que esta medida no tendrá «ningún impacto» para España.

Lo que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha pedido a Bruselas es tener más margen de maniobra en 2016 al no tener Gobierno y concentrar gran parte del proceso de ajuste en 2017 para alcanzar el 2,5% fijado en mayo. La Comisión decidirá la nueva senda el día 27. Lo que sí se mantiene es que «la prórroga será de un año, no de dos».

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