La inversión pública redujo las diferencias de renta autonómicas

La inversión del Estado y la Unión Europea en las comunidades autónomas ha reducido en un tercio las diferencias de renta bruta entre ellas durante las dos últimas décadas, según las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña. No obstante, los autores del documento, dos economistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), consideran que aún cabe un grado mucho mayor de «eficiencia» y «equidad» en la redistribución de la riqueza entre territorios, de forma que «su reparto sea más justo aunque no se incremente la cuantía disponible». El documento, titulado Políticas públicas y equilibrio territorial en el Estado autonómico (que analiza el período 1965-1997), concluye que el desarrollo regional ha tenido un efecto positivo sobre el estado del bienestar. Sin embargo, los economistas Ángel de la Fuente y Xavier Vives advierten que el sistema de financiación de las comunidades «juega un papel de segundo orden» en la configuración de los flujos financieros interregionales. De este modo, es la inversión estatal la que aún soporta en mayor medida la inversión dentro de ellas, de tal modo que su contribución ha eliminado una tercera parte de las «disparidades» en renta entre autonomías, tanto en términos brutos como per cápita, gracias «en exclusiva» a la recaudación tributaria. Según el análisis comparativo realizado por el Instituto de Análisis Económico del CSIC, se podría considerar «justificable» una diferencia de hasta el 10% en la inversión por regiones, pero se advierte que un nivel mayor «resultaría perjudicial para algunas de ellas». En este sentido, De la Fuente se mostró partidario de que el 74% de los saldos fiscales queden fuera de las próximas discusiones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, dado que se refieren a la redistribución personal vía impuestos y prestaciones sociales, es decir, «a la aplicación de reglas uniformes a ciudadanos con distintos niveles de renta, y no a exacciones arbitrarias». «Distorsiones» En cualquier caso, los autores del informe resaltan que los gobiernos regionales ejercen ya un amplio abanico de competencias que, a finales de los noventa, representaban alrededor de una cuarta parte del gasto público total. En el plano fiscal, el hecho de que las comunidades autónomas de régimen común recauden una parte «relativamente pequeña» de los tributos, unido a que tienen una capacidad «baja» para incidir «efectivamente» sobre la normativa o la gestión de esos impuestos, puede provocar «importantes distorsiones presupuestarias» en ellas. En el estudio se alerta sobre la posibilidad de que los gobiernos regionales «tiendan a gastar en exceso, rentabilizado electoralmente la provisión de servicios públicos adicionales sin sufrir el coste político de una mayor presión fiscal». Para los dos economistas citados, esa tendencia se traduciría «en un mayor endeudamiento y/o en una mayor presión en las negociaciones sobre el volumen total y la distribución de los recursos que el Estado aporta a las comunidades autónomas». Ángel de la Fuente apuntó que el actual sistema constituye un «incentivo perverso» para las comunidades autónomas, que «continúan percibiendo la reivindicación de mayores transferencias del Estado como una vía practicable (y más atractiva para la utilización al alza de su capacidad normativa en materia tributaria) para obtener financiación adicional». Por todo ello, los autores del informe consideran «injusto» que se penalice a las regiones más ricas, al recibir menos fondos respecto a otras que son «menos dinámicas» en materia económica. Así, Cataluña, Murcia, Madrid, Valencia y Baleares la financiación por habitante es entre un 10% y un 20% que en el resto, pese a que sus ciudadanos disponen de la renta más altas y tienen una carga fiscal mayor.