La Sepi insiste en que es pronto para diseñar medidas sobre el futuro de Izar
El grupo de trabajo encargado de estudiar la viabilidad de Izar y diseñar un plan para que esta empresa devuelva las ayudas concedidas en 1999 y 2000 -consideradas ilegales por Bruselas- todavía no ha tomado ninguna decisión sobre las medidas a adoptar. Así lo aseguraron ayer fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que insistieron en que aún es pronto para que el grupo de trabajo, que se reunió por primera vez el lunes pasado, haya analizado la situación y haya planteado las estrategias a seguir para el futuro de los astilleros de Izar. Sin embargo, el periódico Expansión aseguraba en su edición de ayer que el Gobierno pretende prejubilar al 40% de la plantilla de Izar y cerrar cinco de los astilleros que lo componen. Esta medida afectaría, por tanto, a entre 3.800 y 4.900 empleados, con una edad superior a 52 ó 54 años, asegura el diario económico, que también sostiene que el recorte irá acompañado de una «concentración de actividades en las factorías que se dedican a la fabricación de buques». El grupo de trabajo o comisión interministerial fue creado por el Gobierno a mediados de mayo para dar respuesta a la Comisión Europea, que el pasado día 12 de mayo exigió al grupo de construcción naval Izar la devolución de los 308 millones de euros que recibió como ayudas en el periodo comprendido entre 1999 y 2000, consideradas ilegales por el organismo europeo. Un mes de plazo máximo El grupo de trabajo está encabezado por el presidente de la Sepi, Enrique Martínez Robles, y de él forman parte el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo; el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez; el secretario general de Industria, Joan Trullén; el director general de Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora; el director general de Política Económica, Angel Torres; y el secretario general de la Sepi, Enrique Hernández. En el plazo máximo de un mes, la comisión interministerial deberá presentar sus propuestas para paliar los efectos de la decisión comunitaria y proponer los mecanismos para realizar el seguimiento de las medidas que se adopten.