Cameron inicia la gran reforma
El primer ministro británico presenta un programa legislativo en el que el eje central será la negociación de un cambio en las relaciones británicas con la IE.
La reina Isabel II, tras la apertura solemne de la legislatura.
David Cameron ofreció ayer un programa legislativo para el curso parlamentario en el que el primer Gobierno conservador en los últimos veinte años emprenderá una gran reforma constitucional, pero tuvo que renunciar a última hora a la posible retirada británica de la Convención Europea de Derechos Humanos, por el temor de que su mayoría absoluta de 12 escaños se quebrara y fuese derrotado.
El primer ministro, feliz tras su victoria en las elecciones generales, es optimista sobre el asunto que ocupará gran parte de la agenda pública en los próximos meses, la negociación de una reforma de las relaciones británicas con la Unión Europea que sirva también para otros Estados miembros. Sus primeras gestiones así lo avalan, según los medios británicos.
El proyecto de ley para la celebración del referéndum se incluye en el programa, leído ayer por la reina Isabel II en la ceremonia anual de apertura del Parlamento. Será uno de los primeros, porque, aunque formula que ha de celebrarse antes de 2017, Cameron quiere convocarlo antes. Y la tramitación, tras el apoyo a la ley por la líder interina de los laboristas, Harriet Harman, tendrá como único asunto polémico la inclusión de los mayores de 16 años, que quiere la oposición.
Proyectos de ley para la transferencia de más poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte están en el programa legislativo. Y también la modificación del reglamento de la Cámara de los Comunes para que se aplique el principio de que los parlamentarios ingleses tengan derecho de vetar la aprobación de leyes que afectan a Inglaterra.
Unos y otros
El Gobierno ha rechazado la idea de una convención constitucional que ponga en orden el mapa de las autonomías y de las instituciones comunes y avanzará pieza a pieza. En Irlanda del Norte, la quiebra presupuestaria tras el rechazo de una ley de reforma de la Seguridad Social, en la noche del miércoles, puede deparar sorpresas. En Escocia, la aplastante victoria del Partido Nacional Escocés (SNP) está acompañada de la exigencia de más transferencias que las previstas antes de las elecciones.
Esta gran reforma constitucional planteará problemas y, aunque la aritmética de los Comunes podría llevar a la aprobación de estas leyes sin riesgo para la estabilidad del Gobierno, la retirada a última hora del proyecto de una ley británica de Derechos Humanos mostró ayer la fragilidad de la pequeña mayoría de Cameron cuando se trata de debatir y aprobar leyes sobre cuestiones de principios.
EPuede emitir sentencias críticas, pero el Parlamento no está obligado a obedecerlas.
Sentencias de Estrasburgo
La incorporación de la Convención a la ley británica, durante el mandato de Tony Blair, ha provocado un intenso debate. Sentencias del Tribunal de Estrasburgo, como la que anulaba la extradición de un supuesto terrorista islamista a Jordania por contraria a la Convención -las pruebas se obtuvieron mediante tortura de detenidos- o la que consideró también contraria a la Convención la privación a los presos del derecho a voto, crearon escándalo en los medios euroescépticos y también malestar en ambientes judiciales y políticos.
Al depender los tribunales británicos de las sentencias de Estrasburgo y de sus interpretaciones de la Convención, los mismos jueces domésticos interfieren ahora en las leyes aprobadas en el Parlamento, modificando su interpretación. El Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas creó una comisión para estudiar posibles remedios. Y abogados conservadores presentaron allí un proyecto de ley de Derechos con el adjetivo de británico, que no concitó el consenso.
El nuevo ministro de Justicia, Michael Gove, que manifestó en mayo de 2013 que era partidario de abandonar la UE y que el martes declaró que «la historia no nos perdonará si hacemos una chapuza con la reforma de la UE», habría ganado el intenso debate en los primeros días del Gobierno sobre la conveniencia de introducir esa ley británica de Derechos Humanos en este momento.
Se pretendía derogar la de Blair e introducir la nueva, como una declaración de derechos básicos, y negociar con el Consejo de Europa un nuevo estatuto en relación con la Convención, redactada por juristas británicos. Pero el Gobierno ha dado marcha atrás porque miembros de su grupo parlamentario han manifestado su disposición a votar contra el proyecto. El Ejecutivo se limitará a presentar una propuesta para iniciar debates que lleven a una posición más clara.
«Tras la tarea de reparación (de la economía)», dijo Cameron, «éste será un Gobierno de renovación». La laborista Harman le advirtió que sus planes agravarán la «fragilidad» del país.
Los 56 recibieron ayer su primera reprimenda por aplaudir a su portavoz, Angus Robertson. El ‘speaker’ de los Comunes, John Bercow, les exigió que respeten las convenciones del Parlamento de Westminster, donde, a diferencia del de Edimburgo, no se aplaude sino que se vitorea, se increpa o se abuchea.