El ‘no’ plantea la salida del euro
El resultado genera una gran incertidumbre por la insólita situación creada con un miembro de la Unión Europea que desafía los mandatos avalado por un referéndum.
Partidarios del ‘no’ celebran los resultados
El ‘no’ de los griegos en el referéndum de ayer deja planteada, con toda crudeza, la pregunta de si Grecia se verá forzada a abandonar la unión monetaria, escenario que nunca contemplaron los fundadores de la moneda única.
«Hay argumentos a favor y en contra sobre si el ‘Grexit’ (la salida de Grecia del euro) es posible legalmente», dijeron fuentes comunitarias, que también subrayaron que «lo que ocurre es que no hay disposiciones específicas en los tratados que digan que el acceso a la zona euro es reversible».
En la práctica, si un miembro insolvente de la Eurozona se queda sin la cobertura del BCE, como es el caso de Grecia, se puede ver obligado, para salvar su sistema financiero, a introducir la moneda nacional, ya sea de forma temporal o definitiva.
Pero desde el punto de vista jurídico no están claros los procedimientos, ni los derechos y obligaciones que tendría respecto a sus antiguos socios y viceversa, por lo que Grecia entraría en un auténtico limbo legal.
El Gobierno griego, a través de su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, ya ha avanzado que haría uso «de todos los recursos legales» para evitar una salida del euro, incluyendo acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mientras el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se ha esforzado por interpretar la consulta popular como una baza negociadora, Bruselas ha hecho una lectura diferente y ha advertido de que un «no» equivale a salir del club de la moneda única.
El euro, la moneda oficial para 19 de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE), es un proyecto político y económico que sus socios se plantearon como algo irreversible.
Las mismas fuentes recordaron que sí existe una disposición introducida en el Tratado de Lisboa para permitir a un país abandonar la Unión Europea.
Ese tratado, que entró en vigor en diciembre de 2009, contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión. Para ello es necesario que el Estado en cuestión comunique su intención al Consejo Europeo, y que después negocie un acuerdo internacional que establezca la forma de retirada y el marco de sus futuras relaciones con el club europeo.