Un juez frena el afán de Trump de restringir el derecho de asilo
El presidente estadounidense insiste en defender las restricciones pese al bloque judicial.
El presidente de los Estados Unidos ha sufrido un nuevo revés judicial. TASOS KATOPODIS
javier bocanegra | washington
Un juez federal de EE UU ha bloqueado la medida ordenada por el presidente del país, Donald Trump, para prohibir las solicitudes de asilo a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México. El magistrado del distrito de San Francisco Jon Tiger emitió ayer una orden de restricción temporal de la regulación del asilo que ha entrado en vigor de inmediato y que se extenderá al menos hasta el próximo 19 de diciembre. Para esa fecha el juez ha convocado una audiencia para estudiar si se emite una orden judicial más duradera. El pasado 9 de noviembre, Trump ordenó prohibir al menos durante 90 días las opciones para solicitar asilo en la frontera sur a quienes accediesen al país de forma irregular. Según la proclamación presidencial, la limitación podría ampliarse hasta la firma de un acuerdo con México que permita a EE UU deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes que cruzan ilegalmente.
La orden de Trump fue muy criticada por grupos de derechos humanos, que consideraron que violaba las leyes de inmigración estadounidenses.
La decisión del juez Jon Tiger se produce en un momento tenso cuando miles de centroamericanos, incluidos cientos de niños, viajan en caravana hacia la frontera de EE UU para escapar de la violencia en sus países y algunos ya han llegado la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con el estado de California.
Trump defiende las restricciones al asilo en frontera ante bloqueo judicial
Sin embargo, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió las restricciones al asilo en la frontera con México, después de que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales. «Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración en base al interés nacional», aseguró ela portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Katie Waldman.
Las autoridades del país se han referido en reiteradas ocasiones a la concesión de asilo como una prestación que puede elegir si ofrecer o no. «Estamos deseando -prosiguió Waldman-, continuar defendiendo el legítimo y razonado ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera sur».
El mismo día en el que Trump suscribió la proclamación, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno en una corte federal de San Francisco, en California, solicitando a un juez la suspensión preventiva de la regulación.
Trump y su Gabinete se habían escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017.