El TPI y la guerra sucia

Ayer nació, en medio de grandes dudas, el Tribunal Penal Internacional (TPI), un logro incuestionable de la civilización y del derecho internacional en un mundo globalizado que al fin se ha dotado de un mecanismo jurídico para perseguir los crímenes contra la humanidad. Se colma así una vieja aspiración de las democracias, que ya surgió poco después de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se constituían las Naciones Unidas. La guerra fría hizo imposible que prosperara aquel designio, que ahora se formaliza, aunque sin la participación de la potencia hegemónica, los Estados Unidos, que no sólo se opone a esta nueva jurisdicción internacional sino que está actuando para desactivarla. Washington no está dispuesto a que, en sus acciones militares (o de otra índole), sus ciudadanos queden sujetos a esta jurisdicción. Ello no tendría mayor importancia si los norteamericanos aceptaran el compromiso de juzgar a sus propios soldados si cometieran crímenes de guerra u otras violaciones graves de la Convención de Ginebra y demás leyes de internacionales de la guerra (la jurisdicción del TPI es subsidiaria: sólo rige cuando los criminales no sean perseguidos en su propio país). Pero tampoco se avienen a aceptar este criterio. Y las consecuencias de esta discrepancia ya se han hecho sentir: el Congreso norteamericano está preparando una ley contra el TPI y, de no asegurarse inmunidad para los soldados norteamericanos en las diversas misiones de paz de la ONU, Washington ha amenazado con retirarse de ellas. De momento, peligra la misión de la ONU en Bosnia (cuyo mandato no se ha prorrogado la última vez por seis meses sino sólo por nueve días, hasta la entrada en vigor del TPI), aunque los norteamericanos sólo tienen en ella unas docenas de soldados. Y asimismo la más cuantiosa de la OTAN (2.400 soldados norteamericanos) en la misma república. También podría Washington dejar de financiar tales misiones (su contribución asciende aproximadamente a la cuarta parte del total). Las pretensiones de los Estados Unidos en este asunto parecen inaceptables, pero no le falta cierta razón a «The Washington Post» al denunciar la «doble moral» europea a este respecto, según se desprende del «acuerdo técnico militar» que ha firmado la UE con Kabul que impide que ningún miembro del contingente internacional desplazado a Afganistán sea juzgado.