Boris Johnson limitará por ley el poder del Tribunal de Estrasburgo

El ministro de Justicia y viceprimer ministro del Gobierno británico, Dominic Raab, publicó ayer un documento con las líneas maestras de una reforma de la ley británica que incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos y que aspira, según este alto cargo, a «reforzar derechos típicamente británicos, como la libertad de expresión y el juicio por jurado, y prevendrá abusos del sistema, añadiendo una sana dosis de sentido común».

La reforma ideada por el Gabinete que dirige Boris Johnson quiere dar poder exclusivo sobre la interpretación de la aplicación de las leyes al Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, y al mismo tiempo mantener al Reino Unido en el grupo de los 47 miembros del Consejo de Europa que aceptan obedecer las decisiones finales del Tribunal de Estrasburgo. Los jueces británicos tuvieron una importante rol en la redacción del Convenio tras la Segunda Guerra Mundial.

Sucesivos Gobiernos conservadores han querido limitar la influencia del Tribunal en la política británica, basada constitucionalmente en la supremacía del Parlamento. David Cameron intentó también crear una ley de Derechos, pero se estancó. Theresa May propuso abandonar la Convención, pero reculó cuando llegó a la jefatura de Gobierno. La amplia mayoría conservadora actual favorece este intento.

Fue Tony Blair en 1998 quien, apoyado en su enorme mayoría parlamentaria, impulsó la aprobación de la Ley de Derechos Humanos que transpone la convención europea a la legislación británica. Pero la expansión posterior de las áreas de competencia de la corte de Estrasburgo ha enfrentado a abogados y jueces liberales con los defensores de la tradición constitucional.

En torno al 2% de los pleitos que ha visto el tribunal europeo han tenido al Ejecutivo británico como parte, pero todas sus sentencias han de ser asumidas como guías para la actuación de los gobiernos y de entes públicos, también de las relaciones entre particulares, en los países signatarios. En un buen año, emite más de 50.000 veredictos.

Un jurista de gran prestigio, Jonathan Sumption, exjuez del Supremo, critica en su libro ‘Trials of the State’ (Juicios Del Estado. La Ley y El Declive de la Política) el activismo y el poder adquirido por Estrasburgo y, por extensión, también por los jueces británicos. «Uno puede pensar que sus conciudadanos deberían elegir valores liberales y sin embargo no querer imponérselos», concluye.

El derecho a la vida familiar en el artículo 8 del Convenio ha derivado, por ejemplo, en que un maltratador que no había pagado sus obligaciones con su mujer y su hijo fuese amparado por el Tribunal contra su deportación en base a ese derecho.

El 70% de los casos que tienen éxito son de delincuentes extranjeros que alegan merma de su derecho a la vida familiar para evitar su expulsión, según el ministerio.

El Gobierno británico, al que sus colegas franceses animan a que ejecute más deportaciones para eliminar el efecto imán de la inmigración ilegal, quiere crear una barrera previa de prueba de perjuicio o de importancia del caso para reducir el número de pleitos. Y quiere que los jueces apliquen también la nueva ley británica cuando se juzgan las actividades de las fuerzas armadas en un conflicto.

El anuncio llega en un momento de tensión entre los jueces y el Ejecutivo de Londres. El ministro y abogado Raab y su colega Suella Braverman, Abogada General del Estado, han prometido crear un mecanismo de revisión de las sentencias de los jueces en el Parlamento. Los juristas esperan la formulación concreta del mecanismo con el temor de que sea una aberración constitucional o un reforzamiento del poder del Gobierno.

Es extensa la galería de leyes y proyectos de ley no liberales del Gabinete de Boris Johnson, antes percibido como hincha de la corriente libertaria. La normativa relativa a agentes infiltrados permite que cometan delitos, incluyendo causar muertes. La de Nacionalidad y Fronteras discrimina entre refugiados según cómo hayan entrado en el país, en aparente contradicción con la Convención de 1951, y permite a los funcionarios privar de su nacionalidad a ciudadanos británicos sin avisarles.

El Gobierno del ‘brexit’ conecta con los sentimientos de su base electoral, que prefiere lo británico y la política fuerte, y rechaza lo «políticamente correcto», mencionado por Raab como la ‘bicha’ de su proyecto. Los liberales le acusan de ser displicente con tratados internacionales que amortiguan el riesgo de abusos domésticos o con los equilibrios constitucionales del sistema del Reino Unido.

Amnistía Internacional declaró que, de aprobarse, Reino Unido estará a la altura de los «regímenes autoritarios».