Ortega arrasa con los grupos críticos
El régimen de Managua disuelve al menos 3.000 organizaciones por denunciar la «represión»
Hace cinco años, Nicaragua tenía 7.220 personas jurídicas activas de organizaciones no gubernamentales que ahora han quedado reducidas a casi la mitad. Como si fuera la lista de la compra, las asociaciones han sido borradas una a una de los registros del país por orden del Gobierno. Al menos 3.000 organizaciones han sido cerradas desde 2021 y la cifra no hace más que aumentar. A favor de la niñez, educativas, culturales, económicas, científicas, religiosas, deportivas, con 60 o 30 años de historia, nacionales, extranjeras, todas han estado en la diana del presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo.
Lo que se postulaba como la era de la libertad en el país tras el triunfo de la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979, se ha convertido en la época más oscura de la historia reciente para miles de empresas y organizaciones que trataban de hacer contrapeso al actual régimen. El Estado centroamericano atraviesa una crisis política y social desde 2018, que se ha recrudecido hace tres años, tras la controvertida reelección del mandatario para un quinto mandato (cuarto consecutivo).
Al igual que la Iglesia Católica, algunas organizaciones han sido acusadas de «financiar el terrorismo» o «apoyar el golpismo». Otras por «incumplimiento a las leyes». Los afectados alegan haber presentado todo en regla y que la ilegalización es una respuesta por criticar la «represión» que el Ejecutivo ha ejercido durante años. Cientos de opositores en el exilio o desterrados, unos cuarenta presos políticos y decenas de miles de ciudadanos emigrantes son solo una parte de lo que vive Nicaragua.
La persecución se ha plasmado en la ley. Las empresas y asociaciones que no han sido cerradas han decidido marcharse de manera voluntaria del país en rechazo a la normativa que Ortega ha instaurado para asegurarse de que todo se ciña a su ideal. En marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro que prohíbe a organismos defensores de derechos humanos hacer campañas de concienciación sobre la realidad política, económica, social y ambiental que atraviesa la nación.
Sin excepciones. Cincuenta medios de comunicación, 19 cámaras empresariales y 26 universidades han quedado ilegalizadas en el país. Entre ellas centros de renombre como la UCA, el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Asociación de Combatientes Históricos de San Marcos ‘Moya Larios’, la Fundación Vidas sin Cáncer, la Cooperativa de Pequeños Productores de Café de Nicaragua o la Fundación Masaya Contra la Pobreza dan cuenta de que el régimen no discrimina sector o alcance. No basta cerrarlas. También han sido confiscados todos sus bienes y sus miembros desterrados, exiliados o perseguidos.