Netanyahu echa a la ONU de Palestina
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos deja de operar en Israel tras 75 años

Palestinos desplazados internos viajan durante la noche esperando regresar a sus hogares en el norte de Gaza.
La Casa Blanca recibió el miércoles la negativa oficial de Egipto a su plan para «limpiar» Gaza mediante la evacuación de 1,5 millones de personas que viven en el enclave a este país y a territorio jordano. El presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, declaró que «el desplazamiento nunca puede ser tolerado ni permitido debido a su impacto en la seguridad nacional» y lo calificó de «acto de injusticia».
No hay proyectos claros para el futuro de una Franja en ruinas que vivirá en las próximas horas la liberación de ocho nuevos rehenes de Hamás, pero que se enfrenta a la incertidumbre que genera la entrada en vigor este jueves de la ley contra la Unrwa, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, aprobada por Tel Aviv. El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Oriente Medio, Steve Witkoff, visitó Gaza el miércoles y se entrevistó con el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, quien viajará a Washington la próxima semana. La presencia de Witkoff mostró que Estados Unidos sigue muy de cerca la evolución del pacto entre Hamás e Israel.
La liberación de los cautivos es la prioridad de Israel mientras que para los islamistas uno de los puntos clave es el regreso de los civiles al norte de la Franja. Más de 500.000 personas han retornado a la zona y lo que han encontrado es la destrucción absoluta de barrios enteros que no llegan a reconocer. La ONU calcula que se amontonan más de 50 millones de toneladas de escombros tras casi dieciséis meses de bombardeos.
Y justo en este momento de máxima necesidad para los 2 millones de habitantes de la Franja entra en vigor la ley aprobada en octubre por el Parlamento de Tel Aviv (la Knesset) contra el trabajo de UNRWA. La nueva norma prohíbe las actividades de la agencia en Israel y Jerusalén Este, zona de la ciudad santa ocupada desde 1967, y cualquier tipo de relación entre las instituciones hebreas y una entidad de la ONU a la que acusan de colaborar con Hamás y califican de "organización terrorista". Desde el punto de vista técnico, esta ley no prohíbe el trabajo de la agencia en Gaza y Cisjordania pero, a nivel práctico, lo hace. El gran problema es que se trata de territorios ocupados en los que el acceso y los movimientos dependen de la coordinación con las fuerzas de ocupación israelíes.
Respaldo de Washington Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la Autoridad Nacional Palestina, condenó la decisión de la Knesset y la tachó de "inaceptable" y de "provocación" al pueblo gazatí. También acusó a los israelíes de intentar suprimir el "derecho al retorno" de la población y de "liquidar" la cuestión de los refugiados. La presión de la comunidad internacional para evitar el fin de la UNRWA no tuvo efecto en Israel, que obtuvo el apoyo incondicional de Estados Unidos. Dorothy Shea, encargada de negocios interina de la Casa Blanca para la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad que su país "apoya la implementación" de la ley que acabará con la agencia. En opinión de Shea, que esta entidad "exagere los efectos de las leyes y sugiera que obligarán a detener toda la respuesta humanitaria es irresponsable y peligroso. Lo que se necesita es un debate matizado sobre cómo podemos garantizar que no se interrumpa la entrega de ayuda humanitaria y suministros esenciales". Para Shea, UNRWA no es "la única opción para proporcionar asistencia humanitaria en Gaza" y, en línea con el discurso del Ejecutivo de Netanyahu, se refirió a sus "vínculos terroristas".
Philippe Lazzarini, máximo responsable de la UNRWA, advirtió de las consecuencias "desastrosas" del veto para los palestinos y aseguró que "pondrá en peligro la respuesta humanitaria internacional". Ni Israel, ni Estados Unidos han puesto sobre la mesa de momento una alternativa al trabajo que desempeña la agencia, la organización más importante sobre el terreno en la Franja. El golpe puede ser doble porque los estadounidenses son su principal financiador y, como ya hicieron en el primer mandato de Trump, pronto pueden cortar sus donaciones a un organismo con 75 años de historia que es clave en los sectores de la educación y sanidad de los refugiados.