Darfur: una prisión sin paredes

Las víctimas del conflicto de Darfur continúan «viviendo en un clima de terror» y sin confianza en la capacidad o voluntad real de las autoridades sudanesas para protegerlos de los grupos armados y milicias, dijo ayer la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour. Tras un recorrido de una semana por las tres regiones de Darfur, la jurista canadiense consideró, en un comunicado difundido hoy en Ginebra, «que 1,4 millones de desplazados internos en Darfur están viviendo en una prisión sin paredes» y con «una fuerte sensación de inseguridad». La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (Congde) considera que las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben ir más allá del compromiso político en la crisis de la región sudanesa de Darfur e involucrarse con medios económicos en la acción humanitaria, ya que los 1.200.000 desplazados y 200.000 refugiados, según cifras de la ONU, dependen de la ayuda externa para su supervivencia. Para esta oenegé, la dramática situación continúa, las intervenciones de las organizaciones humanitarias en la zona es insuficiente y las necesidades básicas de la población afectada no están garantizadas. Aún si se produjese en este momento una solución al conflicto, se necesitarían dos años más de ayuda humanitaria para volver a la situación previa al inicio de la crisis. La Congde ha sido testigo de la crisis humanitaria que se vive en Sudán. El pasado día 17, Ricardo Angora, miembro de la junta gobierno de la oenegé, viajó a Darfur, invitado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Angora pudo constatar en di-recto las «durísimas condicio-nes de vida» de la población desplazada, así como la situación de inseguridad constante. Las milicias Yanyawid, con la permisividad o la colaboración del Ejército sudanés, han centrado sus ataques contra la población civil desprotegida. «Les han expulsado de sus aldeas, casas, tierras. Han cometido atrocidades con la población y han usado la estrategia de destrucción y tierra quemada», afirma, a partir de los testimonios recogidos. Informe La alta comisaria de Derechos Humanos, Louis Arbour, y el consejero especial para la Prevención del Genocidio, Juan Méndez, consideran que deberían tomarse medidas inmediatas para proteger a la población de la región sudanesa de Darfur sin esperar a la solución política. Ambos responsables presentarán la próxima semana su informe al secretario general de la ONU, Kofi Annan, y al Consejo de Seguridad. Al término de la visita a Darfur, efectuada a petición de Annan con el fin de estudiar las medidas de protección de los civiles de la región, Arbour declaró, en un comunicado hecho público ayer an la ONU, que los casi 1,45 millones de personas desplazadas de Darfur «viven en prisiones sin muros». La misión escuchó testimonios que transmiten «un sentimiento generalizado de inseguridad», señala el comunicado. Los desplazados no pueden preveer un regreso a sus hogares pues no confían en que el Gobierno sudanés les proteja, considerando, en el mejor de los casos, que no responderá de forma adecuada a sus preocupaciones y, en el peor de los casos, que será cómplices de los responsables, principalmente los grupos armados y las milicias. Arbour y Méndez constataron una diferencia importante de percepción de la situación entre las autoridades sudanesa, por una parte, y las personas desplazadas, las organizaciones internacionales y los grupos no gubernamentales nacionales e internacionales, por otra. Protección inmediata Mostrándose convencida de que una solución duradera a la crisis dependerá de una solución política entre las partes beligerantes, Arbour afirmó que se deben tomar medidas inmediatas con el fin de proteger mejor a las personas desplazadas y a la población de Darfur en general. Méndez, por su parte, señaló que Arbour y él mismo preparaban un plan de acción y recomendaciones a la comunidad internacional. El consejero especial para la Prevención de Genocidio añadió que la presencia internacional había mejorado la situación en materia de seguridad en Darfur y que un reforzamiento de esta presencia, principalmente con el envío de observadores de los derechos humanos, podría contribuir a evitar nuevas violaciones masivas. Por otra parte, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Yakin Erturk, se encuentra en Sudán para observar la situación de las mujeres en el terreno y hacer recomendaciones orientadas a la protección de los derechos de este sector de la población, después de que organizaciones humanitarias denunciaran que la violación de mujeres era usada como arma contra la población. Durante el día de hoy, por invitación del Gobierno sudanés, Ertürk viajará a Nyala y El Genina, en Darfur, para examinar las condiciones en que viven las mujeres y elaborar un grupo de recomendaciones para fortalecer la protección de sus derechos y responder a la violencia de género. Oposición El presidente de Sudán, Omar al Bachir, pidió al opositor Congreso Nacional Popular (CNP) que aisle al líder islamista Hasan al Turabi si quiere ser legalizado. En declaraciones efectuadas a la radio nacional sudanesa, Bachir dijo que su Gobierno podría haber matado a Al Turabi, su principal adversario político, de haber querido, pero no está interesado en hacerlo. Asimismo, volvió a acusar a al líder islamista de estar detrás de varias intentonas golpistas desmanteladas recientemente, unas conspi-raciones que según el CNP, han sido «fabricadas« por el Gobierno para poder atacar a este partido y desviar la atención de la crisis de Darfur. Bachir dijo además que el CNP sería legalizado con tal de que denuncien a Al Turabi, a quien acusó además de trabajar para el sionismo (Israel) y no para el Islam.Al Turabi ha sido en la última década uno de los principales agitadores islámicos del mundo árabe, y llegó incluso a dar refugio a Osama bin Laden en la época en la que era el poder en la sombra tras Bachir. Las declaraciones del presidente parecen dirigidas a romper el partido de Al Turabi Mohamed al Hassan al Amin, había con-gelado sus actividades en la formación debido a las denuncias de conspiración. Al Turabi está detenido sin cargos desde el pasado marzo, cuando el Gobierno denunció haber descubierto un plan golpista, al que luego han seguido otros dos similares, el último el pasado viernes. En relación con las denuncias de esta conspiración, el Gobierno descubrió el pasado sábado otro arsenal de armas, consistente en 300 fusiles kalashnikov, supuestamente escondido por el CNP.