Un juez declara inconstitucionales los tribunales de Guantánamo

Una juez federal de Estados Unidos dictaminó ayer que los tribunales militares establecidos en Guantánamo son inconstitucionales, un nuevo revés contra la arquitectura legal diseñada por la Casa Blanca en su campaña antiterrorista tras el 11-S. En junio del 2004, el Tribunal Supremo reconoció que los detenidos en la base naval cubana tenían derecho a ser juzgados. Como respuesta, el gobierno estableció unas «comisiones militares» conocidas como Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes, criticados repetidamente por asociaciones legales y de derechos humanos. Ahora, la juez del distrito de Columbia Joyce Hens Green les ha dado la razón al declararlos inconstitucionales y afirmar que los detenidos tienen derecho a defender su inocencia en otras instancias y ser juzgados bajo las leyes estadounidenses. Alrededor de 550 sospechosos siguen recluídos en Guantánamo después de haber sido detenidos durante la invasión de Afganistán en el 2001 y en otras operaciones antiterroristas. Desde entonces, Washington ha mantenido que no tenían derechos constitucionales, creando así un limbo legal y confinándoles a detenciones indefinidas gracias a que el Gobierno Bush les concedió el estatus de «combatientes enemigos». De esta forma evitó reconocerles como «prisioneros de guerra», con lo que estarían protegidos por leyes internacionales como la Convención de Ginebra. Así, a lo más que podían aspirar era a que sus casos fueran revisados en dichas «comisiones militares», sin garantías judiciales básicas como el acceso a abogados o la presunción de inocencia. Ahora, Hens afirma que estos tribunales especiales «son inconstitucionales por no cumplir con el debido proceso (judicial)». Encarcelar a todos La jueza fue crítica con la política impulsada por Bush. «Por supuesto que sería mucho más fácil para el Gobierno llevar a cabo su lucha antiterrorista si pudiera encarcelar a todos los sospechosos de ser «combatientes enemigos» de Guantánamo sin tener que respetar ninguno de sus derechos constitucionales». Hens abundó que, aunque Estados Unidos debe defenderse de las graves amenazas que enfrenta esto «no puede negar necesariamente la existencia de los más básicos derechos fundamentales por lo que la gente de este país ha luchado y muerto durante 200 años». Un grupo de abogados que representan a algunos de los detenidos se mostraron satisfechos con la sentencia y señalaron que «es una victoria para el estado de derecho, los derechos humanos y nuestra democracia» y advirtieron que «ahora le toca actuar al gobierno». La sentencia de Hens, que se refiere a unos 50 casos, puede ser apelada y en última instancia llevada hasta el Tribunal Supremo. No obstante, otro juez de Washington sentenció el pasado 19 de enero que los prisioneros de la base naval no gozaban de derechos constitucionales, respaldando la postura de la Casa Blanca.