Policías para apaciguar aulas
El ministro de Educación galo pretende frenar la violencia con esta medida, pero los maestros no ven en ella una solución
A pesar de la oposición de políticos y profesionales de la enseñanza, el ministro de Educación francés, Gilles de Robien, ha reafirmado su intención de introducir la presencia policial en escuelas y liceos para frenar la violencia que invade las aulas. La idea se le había ocurrido ya a su predecesor socialista, Claude Allègre, cuando los actos violentos superaron los 16.000 en el 2001. Las cifras facilitadas por el actual titular de Educación elevan a 80.000 las agresiones en el 2004. Generalmente las víctimas son los propios alumnos, aunque los profesores reciben el 25% de las agresiones. Fue precisamente tras el apuñalamiento de una maestra que el ministro Robien resucitó la vieja idea. Ocurrió la víspera de las vacaciones de Navidad en un liceo profesional de la periferia sur de París: un alumno de 18 años le dio tres cuchilladas en plena clase de plástica, delante del resto de los alumnos. Karen Montet abandonó la semana pasada el hospital y su agresor se encuentra en prisión después de que su madre le convenciera para que se entregara a la policía. Vuelta a las aulas Los 400 alumnos del centro reanudaron ayer las clases después de dos jornadas de seminarios con psicólogos y docentes. La profesora había recibido amenazas de muerte y las había denunciado sin que nadie tomara medidas. Unos días antes de la agresión, el joven fue visto por sus compañeros escondiendo un enorme cuchillo. El ministro de Educación no sólo anunció la futura presencia policial sino que añadió otros dos dispositivos a incorporar en los centros de enseñanza: los arcos de detección de metales y las cámaras de vigilancia. Pero ninguna de estas medidas ha recibido dotación presupuestaria. La idea de Gilles de Robien es integrar a policías de paisano en el ámbito escolar, con una asistencia de «dos o tres veces por semana» para que los profesores puedan confiarles sus temores o denuncien actuaciones violentas. Ni profesores ni policías parecen estar de acuerdo con esta solución. El sindicato policial UNSA la juzga «inaceptable» y se pregunta de dónde saldrá el personal para «abrir una comisaría en cada uno de los 8.000 liceos del país».