Bechir, de 65 años, está acusado de asesinatos, torturas, violaciones y ataques contra civiles
El Tribunal Penal Internacional ordena la detención del presidente de Sudán
La Haya le acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur
Sudaneses sostienen pósters del presidente sudanés Omar Al-Bashir en una manifestación en Jartúm
colpisa | la haya
El Tribunal Penal Internacional (TPI) tomó ayer una decisión sin precedentes al emitir una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar el Bechir, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur. El TPI, que no mantuvo la acusación de genocidio, solicitada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, estimó que «hay motivos razonables para creer» que Bechir, de 65 años, es responsable de «asesinatos, exterminaciones, torturas, traslados forzados, violaciones, ataques contra civiles y saqueos» en Darfur.
En tanto que «presidente del Estado de Sudán y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas», Bechir tiene «el control total» del ejército, la policía y las milicias janjawid que atacan a los civiles en Darfur, provincia del oeste de Sudán desgarrada desde el 2003 por una guerra civil que causó 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados, según cifras de la ONU. Jartum habla de 10.000 muertos.
«No trataremos con este tribunal», reaccionó el ministro sudanés de Justicia, Abdel Basit Sabdarat. «No es competente (para Sudán).Se trata de una decisión política», acusó. Bechir participará en la cumbre árabe de Doha prevista a fines de mes, anunció por su parte el canciller sudanés, Alí Karti, para quien la decisión del TPI «no tiene ningún efecto sobre el presidente, que continuará asumiendo normalmente sus funciones».
Por su parte, el tribunal transmitirá «inmediatamente» la demanda a Sudán, a los Estados integrantes de la corte y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que cooperen en la detención y traslado de El Bechir a La Haya.
El TPI, que no dispone de fuerza de seguridad propia, depende de la voluntad de los Estados para que se cumplan sus órdenes de detención. De lo contrario «el Consejo de Seguridad de la ONU deberá actuar en consecuencia para que obedezca», afirmó.