El pago de facturas atrasadas endurece el debate en el Pleno

El pago de facturas atrasadas por importe de 155.000 euros volvió a protagonizar el debate del Pleno celebrado ayer. Tanto el PP como la UPL y el PAL-UL recriminaron al equipo de gobierno que no se pague a los proveedores según la antigüedad, sino según lo que consideran el criterio y las prioridades del equipo de gobierno. Especialmente crítico fue el portavoz del PAL-UL, Francisco Javier Gómez, que afirmó que el PSOE «está dejando empantanados a proveedores de ejercicios anteriores» y recordó que el Ayuntamiento ha abonado facturas por importante de 1,2 millones de euros en lo que va de año. Ante estas críticas, el concejal de Hacienda, Ramón Sánchez, resaltó que «la responsabilidad obliga a tomar decisiones, que la labor es muy difícil y que no hay clases de proveedores». Unas explicaciones que no convencieron a la UPL mientras que la alcaldesa matizó que la situación económica cambiará con la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana, sobretodo por la expansión prevista del polígono industrial. Además recordó que el dinero «está en la calle y que ha repercutido en un crecimiento espectacular del municipio y, como consecuencia, en la puesta en marcha de más servicios».

El Pleno también abordó la denominación del campo de fútbol del parque de la Era de Trobajo que llevará el nombre de Rafa Tejerina. Una propuesta realizada por el CD Huracán Z y que se aprobó con los votos a favor del PSOE, del PP y de Luis Herrero Rubinat. Los otros tres concejales de la UPL y el del PAL-UL optaron por la abstención al considerar que esta cuestión no se debe aprobar en Pleno sino en el seno de la Junta Vecinal de Trobajo que tiene la propiedad de los terrenos. Por otro lado, el Pleno también aprobó con los votos del PSOE, el PAL-UL y el concejal Herrero Rubinat una moción socialista en la que insta a la Junta que concrete el proyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. La edil del área, Concepción Rodríguez, criticó el proyecto de ley que es confuso, poco preciso, no define ni aclara a quien compete cada servicio social.