La Audiencia levanta la última traba para la quema del carbón

Ya no hay impedimento en el ordenamiento jurídico español para que el Gobierno aplique el Decreto del Carbón. La Audiencia Nacional levantó ayer las medidas cautelares que había solicitado las eléctricas contra una norma de discriminación positiva; una dilación que ha causado un perjuicio económico y social ya incalculable para las cuencas mineras, por extensión para la economía leonesa en la que el sector minero protagoniza más de un 20% de negocio. El fallo de la Audiencia Nacional abre nuevas expectativas para el sector minero, inactivo prácticamente en los últimos 8 meses, en los que no ha llegado a facturar con el consiguiente lastre financiero que ha terminado por derivar en un sinfín de expedientes de regulación de empleo, despidos o cierres de explotaciones. Con la liberalización del corsé judicial que pesaba sobre la aplicación del Decreto del Carbón, las empresas productoras echan números sobre el horizonte favorable que avistan, en vísperas de encontrar un nuevo respaldo en sus intereses en la resolución del Tribunal de Luxemburgo, que decidirá el próximo lunes, 10 de enero, sobre el recurso en Europa a las ayudas al carbón. Si se toma por favorable esa sentencia que sucederá a la vista prevista para el lunes, veredicto inmediato, según resuelve este órgano jurisdiccional europeo, ya hay calendario de regreso a la actividad a la vista: las empresas mineras leonesas dan por bueno el 1 de febrero para comenzar a quemar carbón. Y aún así, hasta mediados o finales de abril no percibirían ni un euro por este proceso. Por eso exigen que se adelanten ayudas al funcionamiento, pagos a cuenta u otro sistema de inyección de liquidez que evite regresar a los créditos bancarios para resolver, hasta entonces, los problemas de liquidez y caja. Con el fallo de la Audiencia, el Gobierno ya podría aplicar el decreto. Y vuelta a empezar. Otra vez las cartas de compra de las eléctricas para el carbón, donde se detuvo el proceso.