La Xunta está dispuesta a retirar, con condiciones, los recursos contra el decreto

La Xunta expresó hoy su disposición a retirar los recursos judiciales contra el denominado decreto del carbón, que obliga a las térmicas a consumir un mínimo de 15 % de combustible nacional, a condición de un «reparto proporcional» para evitar el impacto sobre las empresas gallegas.

La aplicación del Real Decreto la reclaman la Junta de Castilla y León y la minería del carbón en la Comunidad, para salir de la crisis que atraviesa el sector.

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, reaccionó así en una conferencia de prensa tras el anuncio ayer del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que espera que las eléctricas retiren sus recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que paralizan la aplicación del decreto.

Guerra indicó que la Xunta, en principio, «no va a retirar ningún recurso de ninguna de las instituciones» ante las que ha planteado su disconformidad con el decreto y lamentó que el ministro no le haya informado de la situación, ni haya considerado la opinión de la Xunta o de los municipios coruñeses de As Pontes y Cerceda, donde se encuentran instaladas las térmicas gallegas.

El conselleiro añadió, sin embargo, que ha enviado una carta al ministro en la que le ofrece la «disponibilidad para hablar» con el objetivo de «cambiar la situación».

En la carta el representante del Gobierno gallego propone «cambiar ese sistema y establecer un reparto que sea proporcional en todas las tecnologías de régimen ordinario que operan en el mercado de electricidad diaria» y señaló que eso incluye «todas las tecnología de producción, excepto las renovables».

Para el conselleiro, Galicia estaría dispuesta a aceptar las medidas siempre que el 15 % de carbón de origen español sea repartido «según la proporcionalidad de producción energética en España», de manera que no sólo se tengan en cuenta las térmicas, sino también «hidráulicas, nucleares y todo tipo de energía, descontando las renovables».

Para Guerra eso supondría «un reparto realmente solidario y más justo» y rechazó las «acusaciones de insolidaridad» a la Xunta al señalar que es una de las Comunidades más afectadas por esa medida.

El conselleiro destacó que el reparto del 15 % del carbón está vinculado a «una escala que tiene que ver con la emisión de CO2», es decir la contaminación atmosférica, y consideró que «se ven afectadas las centrales térmicas gallegas».

Añadió que, además, ese decreto tendrá «repercusiones» no sólo en las propias centrales térmicas, sino en empresas auxiliares que «verán reducida su carga de trabajo y que estarán obligadas a cerrar», así como a compañías de transporte, talleres, sectores de servicios, empleo asociado en las comarcas de As Pontes y Cerceda, en los puertos y también en la firma regasificadora Reganosa.

También subrayó que eso supondrá una merma de los ingresos de los municipios y de la Xunta, especialmente a su «ecotasa», y cuantificó las pérdidas globales en «mil millones de euros».

En la carta, el conselleiro dijo que propone además al ministro que «la Xunta participe con voz y voto en una comisión de seguimiento encargada de evaluar el impacto que tendrá la aplicación del decreto». EFE