ÁREA METROPOLITANA | SAN ANDRÉS
El PP exige que se apruebe un plan de disposición de fondos
Serviría para controlar y acomodar los pagos a las necesidades
El grupo de concejales del Partido Popular en San Andrés exigieron ayer la aprobación inmediata de un plan de disposición de fondos en el que se establezcan los criterios determinantes de cómo y cuándo van a salir los fondos municipales. Se trata, según explica el PP, de un documento obligatorio, impuesto por ley, al que deberán acomodarse todos los pagos que se realicen en el Ayuntamiento dando prioridad a los gastos de personal y a las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Una propuesta que llega de la mano de las críticas a la delicada situación económica de las arcas municipales, con un déficit que podría superar los 70 millones de euros entre todas las operaciones pendientes. «San Andrés no puede seguir funcionando como hasta ahora; es intolerable que los pocos pagos que se realizan, salvo las nóminas, sean arbitrarios, respondiendo únicamente a motivos oportunidad según los intereses del momento», argumentan los ediles populares.
El PP describe que gran parte de la deuda municipal, unos 60 millones de euros, corresponden a empresas que prestaron servicios, ejecutaron obras o realizaron suministros hace muchos años.
Ante esta situación, se pregunta porqué no se paga a estos acreedores atendiendo a la antigüedad de su deuda, tras comprobar que «se están pagando obligaciones relativamente recientes y otras, más antiguas, permanecen en el olvido hasta que los tribunales nos obligan a pagar y, aún así, tampoco se ejecutan las sentencias».
Los concejales de esta formación política relatan que tanto empresas como autónomos acreedores del tercer ayuntamiento de la provincia se han visto obligados a reclamar ante los jueces «el pago de aquello a lo que tienen derecho porque, de no ser así, están condenados a no cobrar».
El PP insiste en que todos los acreedores tienen derecho a cobrar al tiempo que denuncian que «sólo cobren algunos y en el momento que más interesa políticamente». Califica de «incomprensible» que se estén pagando subvenciones y premios del 2009 pero no se ejecuten sentencias condenatorias para el Ayuntamiento correspondientes a reclamaciones de cantidad de hace más de diez años.