La política empieza en los barrios

La labor social convierte a las asoc iaciones de vecinos en una herramienta de poder no ajenas a los avatares políticos. Los partidos lo saben y tantean a los representantes vecinales. Nada obliga en la ley de asociaciones a que tengan que ser imparciales y deja libertad a que cada una regule su funcionamiento interno en sus estatutos. «No se puede limitar un derecho legal», explican desde Justicia e Interior de la Junta, «sólo se recoge esa prohibición en cuerpos como jueces o policías, por ejemplo». Es la administración la que sí está obligada a la igualdad de trato con todas las asociaciones. La incompatibilidad de los cargos de las juntas directivas de las federaciones de vecinos con la inclusión de algunos de sus miembros en las listas electorales como candidatos por una determinada formación política se fija en los estatutos de cada federación o asociación, aprobados por mayoría.

La presidenta de la federación de vecinos Rey Ordoño de León, Ángeles González, por ejemplo, se presenta por segunda vez por las listas del PSOE para la Alcaldía de Vegaquemada, un municipio de unos 500 habitantes que gobierna el PP y donde ella es concejala. Hasta el año 2007 los estatutos de la federación de municipios de León no se pronunciaban sobre los cauces de participación en la política de sus miembros, aunque la federación se declara no adscrita a ninguna ideología. Fue el anterior presidente, Octavio Campos, el que llevó en el orden del día de la asamblea para la elección de nueva junta directiva un cambio de algunos puntos para limitar la participación política de los miembros de la junta directiva, entre otros asuntos. «Nadie sabía qué puntos eran los que quería cambiar, por eso algunas asociaciones pedimos que se pospusiera su votación hasta estudiar las propuestas», explica Jorge, el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Nuevo. «No supimos reaccionar, nadie se atrevió a hablar», explica Flory Fernández, de la Asociación Aljama, de Puente Castro. Aljama se apartó de la federación hace un año por discrepancias con la junta directiva y su presidenta concurre a estas elecciones como independiente en las listas del UPyD al Ayuntamiento de León. Sin embargo, excepto una abstención, todas las asociaciones votaron aquel día a favor. «A todos nos pilló desprevenidos», explica Ángeles González. Los nuevos estatutos aprobados introdujeron una modificación que hacía incompatible la inclusión en una lista electoral con ocupar un cargo en la federación de vecinos. La prohibición se limitó a León y su alfoz, al ser ese su ámbito de actuación, y no a toda la provincia. «Los miembros de la junta directiva que deseen comparecer en listas electorales del ámbito de la ciudad de León y su alfoz, causarán baja de forma automática, una vez que se publiquen las mismas», dice el párrafo que se incorporó en el artículo 1. Tras el cambio de los estatutos se produjo la votación de la nueva junta directiva, en la que Ángeles González salió ganadora. De haber conseguido la mayoría la segunda lista en liza, dos de sus miembros habrían tenido que dimitir al estar incluidos en el 2007 uno en la candidatura de Amilivia para el Ayuntamiento de León y otro en la junta vecinal de Armunia. La medida afectó también a uno de las personas que iban en la lista ganadora.

Pero ¿qué hacen otras federaciones de Castilla y León?. Salamanca, Valladolid, Burgos, Ávila, Soria y Segovia recogen en sus estatutos la incompatibilidad de la junta directiva con un cargo político en todo el territorio. ¿Cuál es la diferencia con León?. La federación de León tiene un ámbito municipal, no provincia, por lo que sis miembros si pueden compatibilizar el cargo con las cadnidaturas en los pueblos. En la Federación Comarcal del Bierzo, existe la incompatibilidad en toda la comarca.

El presidente de la confederación de federaciones de Castilla y León, Chema Collado, asegura que la aspiración política de las personas que forman parte de las asociaciones de vecinos «es legítima» y es la propia federación la que decide, «yo,personalmente, no me presentaría, aunque existe diferencia en estar en un pueblo pequeño a optar a un Ayuntamiento más grande».

Zamora y Palencia no especifican nada en sus estatutos. La despoblación que sufren es el argumento de sus presidentes para limitar la participación en la vida política en los respectivos ayuntamientos. pero permiten e incluso aplauden que quieran estar en las listas en los pueblos. «Nosotros no hemos fijado nada en los estatutos», explica el presidente de la federación de Zamora, Jesús de la Concepción, «desde hace doce años promovemos que uno de nuestros miembros esté en el gobierno municipal, pero en cuanto asume el cargo tiene que dimitir de la junta directiva». Pero aclara, «otra cosa es en los pueblos, si es menor de 10.000 habitantes no dimite».

En la federación de Palencia un cargo de la junta directiva es a la vez presidente de una junta vecinal de un pueblo, como explica José Luis Liedo, el presidente. «Hay que aplaudirle, dada la dificultad para que la gente asuma compromisos en los pueblos. Sin embaro, si el cargo político es en el Ayuntamiento de Palencia le obligaría a dimitir».

El tesorero de la federación de vecinos de Ávila, Ciriaco Cuenta, es tajante, «es incompatible estar en la junta directiva y ser concejal o alcalde en algún pueblo».

En Segoria, el presidente Juan Bautista Mullor, recalca que, aunque los estatutos de la federación no lo recoge, «cuando se ha dado el caso le obligamos a dimitir de la junta directiva».

En Soria, el presidente de la gestora, Amos Acero, as egura, «cualquiera puede ser candidato, pero si sale elegido, tiene que dimitir de la federación».