Las familias piden pruebas de ADN sin que lo diga el juez
Las pruebas genéticas son fundamentales para cotejar la identidad de las víctimas de la trama de los bebés robados. Hasta ahora, si una familia afectada quería realizar los análisis de ADN tenía dos opciones: acudir a una clínica privada y costearse el examen o beneficiarse del protocolo creado por el Ministerio de Justicia para estos casos. Esta opción requiere como única condición la presentación previa de una denuncia. Es decir, poner en conocimiento de fiscales y policías los hechos supuestamente delictivos y, en último término, conseguir la autorización del juez si éste ha admitido la denuncia. Lejos de ayudar, este trámite legal «ralentiza» sobremanera la búsqueda de los bebés robados, según denuncia ahora la Plataforma de afectados de clínicas de toda España. En un escrito remitido al Ministerio de Justicia, esta organización señala que se está perdiendo un «tiempo de oro» por culpa de este procedimiento, al que acuden muchos afectados por la imposibilidad de utilizar los servicios de la clínica privada. «Es un grave error que hasta la fecha el Estado obligue a las familias a interponer una denuncia y por tanto buscar culpables para tener el derecho a la realización de las pruebas de ADN, y por tanto estar sujetos a que los jueces así lo acrediten», señala el informe firmado por la coordinadora Mar Soriano.
Derecho obligado
. Por ello, la plataforma emplaza al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al resto de órganos competentes a gestionar de manera «inmediata y prioritaria» la realización de estas pruebas sin autorización judicial previa, como si se tratara de un «derecho obligado» para las víctimas de esta trama que actuó en clínicas de toda España entre los años 50 y 90. De la misma forma, reclama la colaboración del Ministerio Público para que interceda a favor de las investigaciones y agilice los procesos con los análisis genéticos. Y es que muchas de las denuncias se archivan por falta de documentación o ante la «imposibilidad de acreditarse por pruebas de ADN la certeza del fallecimiento», afirma el escrito. Los familiares de bebés robados también recuerdan a Justicia la necesidad de iniciar una investigación generalizada desde los órganos jurídico-democráticos competentes, «lo que daría a la familia y a la sociedad en general la información necesaria de esclarecimiento contundente de los hechos que se reivindican».
