Las Cortes piden que se conozcan los sueldos de los directivos de las cajas
Las Cortes piden a la Junta que acometa las reformas normativas necesarias para poder exigir información a las cajas de ahorro de la Comunidad con el objetivo de «reforzar» el sistema financiero de la Comunidad a través de «la confianza y la transparencia». Una propuesta que surge tras conocer que algunas entidades «premian» a sus directivos con cantidades «desorbitadas».
La iniciativa, que ayer aprobaron los tres grupos en las Cortes, tiene su origen en una proposición no de ley —presentada por el PSOE—en la que pedían reformas legales para hacer públicos los avales, créditos, retribuciones e indemnizaciones de los directivos de las cajas de Castilla y León. Finalmente, todos los grupos pactaron una enmienda que limita la publicidad de la información a la que exige la Comisión Nacional de Valores a las entidades bancarias que operan en los mercados oficiales y, siempre y cuando, respete la ley de protección de datos. «Es el momento de reforzar y garantizar la solvencia de las cajas de la Comunidad. Para ello es imprescindible que ganen en confianza y en trasparencia», argumentó el procurador socialista, José Francisco Martín.
Por su parte, el procurador popular, Raúl de la Hoz, advirtió a Martín de que la iniciativa socialista «es inviable», tal y como fue presentada por los socialistas, ya que las entidades de ahorro cuentan con sus propios órganos de control y ellas mismas fijan la política retributiva a través de sus estatutos.
«Esas retribuciones no son conocidas porque no hay obligación legal y, además, no pueden hacerse públicas. Herrera ya anunció que de haber alguna irregularidad sólo se trasladará la información al Banco de España», explicó de la Hoz, quien coincidió con los socialistas en que es necesario «hacer un ejercicio de responsabilidad compartido para fortalecer la trasparencia», tras las últimas situaciones «escandalosas», en referencia a la indemnización de 554.000 euros que el ex alcalde de León, Francisco Fernández.
Aunque para Martín, la Junta «tiene capacidad» para conocer todo lo que ocurre en las cajas. «Parece que para ellos es algo nuevo y desconocido, pero no es así», señaló el procurador socialista, quien recordó que «no se pueden conceder» créditos, avales o garantías a los directivos sin el acuerdo del Consejo y de la Junta. IU se sumó a la iniciativa por la «necesaria trasparencia» y recriminó al PSOE que su partido fuese el que aprobó la ley que «inició el derribo de las cajas».