«Prescindir de una institución que defiende al ciudadano es un error»

El debate está encima de la mesa y aunque deja claro que «no ha oído a nadie que hable de su desaparición», el procurador del Común, Javier Amoedo, no lo elude y defiende a capa y espada el trabajo que se hace desde la institución que él dirige.

Pero, además, Amoedo deja claro, durante su intervención en El Filándón, la tertulia organizada por La 8 de Castilla y León Televisión y Diario de León, que la suya es una institución necesaria, porque está al servicio de los ciudadanos. «Prescindir de una institución que sirve y defiende al ciudadano es un error», asegura Amoedo, en una clara referencia a lo que sucede en Castilla-La Mancha, donde la presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, yaanunció que la suprimirá.

En cualquier caso, la afirmación es todo un aviso a navegantes, por lo que pudiera suceder en un futuro. Eso sí, Amoedo agradece todo el apoyo que está recibiendo de la Junta de Castilla y León y de la Consejera de Hacienda, «como lo demuestra la magnífica sede que nos han construido, en un edificio emblemático y estupendo al lado de la Catedral», puntualiza.

Pese a esa gran inversión en la nueva sede y a los más de dos millones de euros de presupuesto con que cuenta, el Procurador del Común no duda en afirmar que la suya es «una institución muy austera» y pone varios ejemplos: la pérdida de dos asesores de plantilla, que no han sido cubiertos, o el que los despachos de esa nueva sede sean prácticamente los mismos que ya existían cuando el Procurador del Común estaba en Fuensaldaña.

«Me llevo apretando el cinturón mucho tiempo y me lo sigo apretando», declara un rotundo Amoedo, que cuenta con más de 30 personas en plantilla, «eso sí todos funcionarios de la Junta, que de no desarrollar su labor aquí la harían en otro lugar de la Administración», remarca.

No piensa en la retirada. Se muestra ilusionado, pese a los más de seis años que ya lleva como Procurador del Común y por eso dice que no piensa en la retirada. «La institución es válida, eficaz, defiende al ciudadano y yo trabajó con el mismo interés que cuando llegué el primer día», manifiesta un Javier Amoedo que concluye con rotundidad: «No dude que ya me hubiera ido si no tuviera ilusión, por eso le digo que voy a seguir trabajando con la misma intensidad».

Esa misma intensidad que aplica a la hora de explicar qué es, qué hace y para qué sirve una institución que los ciudadanos ven necesaria pero que la mayoría de las veces no entienden para qué sirve realmente. Amoedo se esfuerza por explicarlo: «Nuestro trabajo es de convencimiento de las administraciones para hacerles corregir los errores que pudieran cometer a la hora de poner en marcha una ley o cualquier otra decisión».

Desde que comenzara su trabajo allá por el 2006, lleva atendidas más de 14.000 quejas en toda la Comunidad, «la mayor parte de León y no porque sean más quejicas ni porque se los trate peor, sino porque nos tienen más cerca», indica.

Más de 1.200 entrevistas personales. En el último año ha registrado 2.411 quejas, con 1.045 resoluciones, que han permitido que 586 «actuaciones irregulares» de la Administración se hayan salvado. Unas quejas que llegan mediante escritos que remiten a la sede, la mayoría, pero que también han surgido a raíz de las más de 1.200 entrevistas pesonales que se han atendido.

Estas cifras, que Amoedo va desgranando con parsimonia, le permiten asegurar sin temor a equivocarse que «la institución tiene mucho acogimiento, porque son los ciudadanos los que acuden a nosotros» y concluye: «La eficiacia viene dada por la confianza que nos demuestran los ciudadanos».

Javier Amoedo insiste con las cifras y recuerda que sólo en lo que va de año ya se han presentado 351 quejas, «muchas más de las que se llevaban en el 2011 por estas fechas» y que más del 75% de las que se han presentado han sido aceptadas por la Administración. «Eso sí, el hecho de ser aceptadas no significa que las acaten», puntualiza.

Un matiz muy importante que obliga a introducir la idea de que las resoluciones que emite deban ser de obligado cumplimiento. «Sería muy importante que nuestras resoluciones fueran vinculantes, pero es muy dfícil», declara Javier Amoedo, que insiste en que, en cualquier caso, su trabajo es el del «convencimiento».

Los menos cumplidores. Aquellos que menos cumplen con el Común, que menos caso le hacen suelen ser los ayuntamientos pequeños, a los que disculpa «porque la mayoría de las veces no tienen medios para poder atender todo lo que les pedimos», señala. El menos cumplidor de todos es el Ayuntamiento de Chozas, regido por el popular Roberto López Luna, según indicó.

Javier Amoedo recuerda que el Código Penal regula el posible entorpecimiento a la labor del Defensor del Pueblo, que vale para el resto de instituciones del mismo tipo en las Comunidades Autonónomas, en su artículo 502, aquel que recoge el delito de desobediencia y asegura que un Ayuntamiento del País Vasco ya fue condendado por esta razón. «Eso sí, lo difícil es demostrar que se ha actuado de mala fe por parte de la Administración, en esa desobediencia», remarca el Amoedo jurista.

Lo que le da pie a concluir que de lo que más orgulloso se siente es «cuando en una resolución judicial se recoge la actuación del Procurador del Común para fallar a favor del ciudadano; esa es mi mayor satisfacción», finaliza.