Lagunair, ejemplo de mala gestión según un informe sobre ayudas
Un grupo de investigación académica, formado por las universidades de Salamanca, Zaragoza y la Carlos III de Madrid, ha desvelado la situación «alegal» en que se encuentran la mayor parte de las ayudas públicas que en España se destinan a las líneas aéreas privadas.
La mayoría de las subvenciones se sitúan al margen de la directiva comunitaria aprobada al respecto en 2005, tienen como destinatarias las compañías de bajo coste, carecen de una mínima estrategia para garantizar su rentabilidad y por regla general se articulan en torno a «contratos opacos». Así lo aseguró ayer, en declaraciones a la Agencia Efe, David Ramos, profesor de Recursos Territoriales Turísticos de la Universidad de Salamanca, uno de los ponentes en un acto en Valladolid, en el que puso como ejemplo el aeropuerto de León y la línea Lagunair, donde se conectó la capital con numerosas ciudades españolas: «era insostenible, se enterró mucho dinero público, la compañía quebró a pesar de disponer de ayudas oficiales que no sirvieron para rentabilizar sus operaciones», agregó.
Esa práctica, «al albur de los dirigentes políticos de turno», según Ramos, «genera debilidades e incertidumbres jurídicas para el dinero público».
Con la llegada de la crisis económica, las comunidades autónomas «no van a poder seguir financiando y manteniendo el ritmo de subvención a las aerolíneas, y las compañías se van a marchar», pronosticó.
