Serfunle reconoce que muchos de sus enterradores no tienen contrato
Un informe interno asegura que está contribuyendo a la economía sumergida.
Imagen de archivo de un cementerio de la provincia.
La investigación abierta para esclarecer si desde la Gerencia de Serfunle se han engordado las tarifas que deben cobrar los enterradores ha servido también para desvelar que varios de ellos, en un número que no se especifica, no están dados de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, por lo que desde la Mancomunidad de Servicios Funerarios «se está contribuyendo a la existencia de economía sumergida y colaborando a la comisión de un fraude a la Hacienda Pública», según consta en las conclusiones de la comisión creada tras la denuncia de uno de estos trabajadores.
«Serfunle, como empresa con mayoría de capital público -se añade en las conclusiones-, se constituye en poder adjudicador, debiendo someterse a la Ley de Contratos del Sector Público, en todas las adjudicaciones de obras, suministros o servicios; norma que se está vulnerando en la contratación de estos servicios de enterrador».
En efectivo
La comisión, que estuvo integrada por el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, y tres técnicos, fue creada el pasado 15 de marzo. Entre las declaraciones que se recogieron para realizar el informe figuraron dos enterradores de pueblos del Torío y el Condado. Sólo uno, se dice, puede emitir factura mientras que el otro no estaba dado de alta como autónomo. Además, la mayoría cobra sus servicios «en efectivo o cheque que les entrega el chófer del vehículo fúnebre, y firmando como justificante de cobro un recibo». El importe de lo que cobran es distinto, dependiendo si se trata de los pueblos del alfoz o de otros puntos de la provincia.
En sus declaraciones, también desde la Gerencia de Serfunle se corroboraron esas declaraciones. Así, los tres trabajadores que pasaron por la comisión, entre ellos el gerente, Manuel Mejías, dijeron que «es una practica habitual contratar a enterradores que no están dados de alta en la Seguridad Social ni en IVA». Y que es «una práctica habitual» que los servicios de estas personas se paguen «en efectivo o con cheque, y que estos firmen un recibo como justificante de pago».
La investigación interna tuvo como objetivo central saber si desde Serfunle se estaban exigiendo a los enterradores 50 euros a mayores por cada servicio, dinero que después tenían que entregar de nuevo a la Gerencia para seguir trabajando.
La principal conclusión del informe, que se analizó en la reunión de la Comisión de Concejales de la pasada semana, fue que desde la dirección de Serfunle se han asumido competencias que no le corresponde, «como es el fijar una subida en el precio de las inhumaciones o negociar con los prestadores de servicios unos «rappel», en ambos casos sin el conocimiento ni la autorización del órgano colegiado de la sociedad ni de la Mancomunidad», algo que el gerente niega que sea así.