El fiscal propondrá que la Caja asuma la responsabilidad civil por la estafa

El Ministerio Fiscal solicitará que Caja España-Duero se haga cargo de la responsabilidad civil susbsidiaria para indemnizar a las víctimas de la presunta estafa de dos millones de euros de la que se acusa a una empleada, María C. Suárez y por la que se investiga a cuatro personas más, entre ellas un director financiero cuyo nombre no ha trascendido.

Javier Gutiérrez, fiscal del caso, considera que las personas afectadas «no depositaron su dinero porque la persona que se lo ofrecía les cayera muy bien o tuvieran mucha confianza con ella, que también es el caso, sino porque consideraban que estaba representando a la Caja y porque según se ha recabado en los primeros testimonios, incluso muchas de las operaciones que se realizaron tuvieron lugar en varias sucursales de Caja España-Duero. Es evidente que hay una responsabilidad de la entidad, que debió actualizar los mecanismos de control contra estas prácticas y cuanto menos, tener más constancia de lo que estaba sucediendo».

Proceso largo

Gutiérrez entiende que el proceso de instrucción del caso será «especialmente largo y laborioso» pero apela a la particularidad del caso «porque hay que tomar declaración a cien personas ahora mismo, que yo tengo la sensación de que cuando vaya avanzando la instrucción llegarán a superar el centenar y a poco tiempo que haya que dedicarle a cada una... A medida que vaya avanzando la instrucción puede haber novedades, pero con los elementos que yo tengo encima de la mesa en estos momentos, creo que está claro que hay una responsabilidad por parte de la entidad y que seguramente deberá hacerle frente si así lo estima el juez».

No habrá prisión

Gutiérrez negó la posibilidad de que se dicte a corto plazo una orden de prisión para la principal sospechosa o para cualquiera de los responsables a los que se investiga «porque lo que estamos haciendo ahora mismo es elaborar una pieza separada de responsabilidad civil y en esos términos, lo único que procede es esperar a que concluya el plazo que se ha dado y que expira el 7 de mayo. Pero hay que ser realistas y 1,5 millones de euros es una cantidad muy elevada que sinceramente, es difícil que se consiga reunir. Lo más normal es que haya que decretar el embargo de los bienes que estén a los nombres de las personas sobre las que se actúe y luego esperar a que se vayan produciendo más novedades».

Fuentes consultadas por este periódico han asegurado que el fiscal responsable del tema ya ha advertido a título extraoficial a los dirigentes de la financiera de que a pesar de que Caja España-Duero se ha personado en el caso como acusación contra María C. Suárez, es probable que en realidad le corresponda realmente hacer frente a los cargos que se presenten contra la firma bancaria para que corra con la devolución de los fondos invertidos en este asunto. Gutiérrez no entra por el momento en esas consideraciones, pero sí advierte de que se tratará de un proceso especialmente largo y complicado.

Créditos blandos

Las mismas fuentes han confirmado que María C. Suárez había solicitado en la última etapa de la trama créditos a condiciones especiales para trabajadores de la Caja, con el objeto de poder hacer frente al pago de los intereses que adeudaba a algunos de los clientes con los que había pactado las inversiones y que la suma total del montante con el que trabajaba en este campo se acercaba a los 200.000 euros.

El secretario judicial del juzgado de Instrucción número 1 de los de León deberá cotejar las transcripciones de las intervenciones telefónicas practicadas por este caso, y se ha señalado para ello el día 15 de mayo de 2012 a las 17.30 horas, de acuerdo al último auto dictado por el juez instructor.