Otros tres años de espera
La desaparición de los juzgados no llegará esta legislatura.
Imagen de la fachada de los juzgados de Astorga.
Los órganos de dirección de la Justicia en el ámbito de León consideran que la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia no se producirá en esta legislatura. El actual sistema de juzgados tiene como mínimo tres años más de vigencia y en esos mismos términos se pronuncia el Gobierno a la hora de poner plazos. Se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia, habilitándose al Gobierno para que mediante Real Decreto, oído el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas, pueda proceder a la adecuación de la planta judicial.
«Además, se concede un plazo de tres años, desde la entrada en vigor de la ley, para proceder a la constitución e implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, lo que deberá producirse de forma escalonada mediante la integración en los mismos de los actuales órganos unipersonales de cada partido judicial», explica un documento oficial.
«La creación de los Tribunales de Instancia no supone coste económico, sino al contrario, ya que se ganará en eficiencia y se acortarán los tiempos de espera».
Pero ¿en qué consisten los Tribunales de Instancia? Se trata de un sistema ideado por el gobierno socialista, aprobado en julio del año pasado por el ministro Francisco Caamaño, de acuerdo al cual desaparecen los juzgados como se entienden actualmente (Primera Instancia, Instrucción, Penal, Social, Contencioso-Administrativo, etc.) y se pasa a un ente único, el Tribunal de Instancia, en el que cada juez se especializa en una materia.
A semejanza de la Oficina Judicial, la entrada de asuntos (demandas, querellas, reclamaciones, juicios de faltas y demás) se produce a través de una «ventanilla única» que posteriormente lo pone en manos de cada juez. De este modo, por ejemplo, una pelea con cinco denunciantes no pasará por las manos de varios jueces, sino que será solamente uno de ellos quien aplique el mismo criterio para los cinco casos.
Justicia más rápida
La nueva ley pretende «mejorar la respuesta de los órganos jurisdiccionales», garantizando el derecho de los ciudadanos a tener una justicia justa, la concentración de medios para hacer frente al incremento de los asuntos ingresados en dichos órganos, racionalizar el funcionamiento de los juzgados y evitar duplicidades y la circulación innecesaria de papel entre los mismos, así como la supresión de los problemas que actualmente genera el reparto de los asuntos entre los juzgados unipersonales, mediante la unificación de la interpretación de las normas de reparto, potenciando las figuras del presidente de tribunal y de sección.
La iniciativa pretende también potenciar la especialización de los jueces y magistrados y mejorar el sistema de selección de jueces y magistrados, así como el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Para conseguir este objetivo, los partidos judiciales de la provincia perderán los juzgados que hasta ahora tenían y pasarán a disponer de Tribunales de Instancia. Ciertamente no desaparecen las instalaciones como tal, pero el quid de la cuestión radica en conocer cuántos jueces van a quedar en cada uno de ellos.
«La reorganización eficiente de las personas y los medios a disposición de la Administración de Justicia. La flexibilidad que ofrece el diseño de los servicios comunes y de las unidades de apoyo directo puede ser utilizada más racionalmente con los Tribunales de Instancia».