Veintiséis dirigentes del PP leonés se quejan al autonómico de la actitud de García Prieto
En la reunión mantenida en el partido, el alcalde de León llegó incluso a pedir que se le abriera expediente.
Por carta. Ventiséis dirigentes del Partido Popular de León —13 diputados provinciales, cuatro diputados nacionales, cinco procuradores autonómicos, tres alcaldes, incluido el de León, y el delegado de la Junta— remitieron una queja por escrito a la dirección autónomica del partido, en la que reprochaban la actitud y el «comportamiento tan preocupante como reprobable» del procurador, Javier García Prieto.
En el escrito, al que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN y que fue recepcionado en la dirección autonómica por el gerente del partido, el soriano de Cabrejas del Pinar, Pedro Viñarás, los veintiséis firmantes aseguran que la actitud de García Prieto «está causando un enorme malestar, no sólo entre quienes te remitimos esta carta —que está dirigida al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera—, sino entre una gran parte de nuestros afiliados», puntualiza.
Todo surge, según se explica en el escrito, por el hecho de que Javier García Prieto «ha sido propuesto como testigo, solicitado por la acusación, en una causa promovida por un concejal de San Andrés del Rabanedo contra nuestra presidenta Isabel Carrasco». En la carta, además, se recuerda que este concejal, Francisco Javier Gómez del PAL —aunque nunca se le llega a citar ni tampoco al partido— fue expulsado del PP «hace cuatro años».
La causa judicial a la que hace referencia la carta es por unos supuestos kilometrajes pasados por la presidenta del PP a la Caja, cuando era vicepresidenta. Causa que, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, tiene pocos visos de prosperar. El mejor ejemplo es que esta misma denuncia ya fue presentada por el PSOE en plena precampaña electoral, por medio del entonces diputado socialista y hoy no adscrito, Matías Llorente, y fue sobreída por el juzgado.
Los dirigentes del PP que firman el documento, todos miembros del comité y cinco de ellos compañeros de Javier García Prieto en lista electoral, primero, y en la bancada en las Cortes de Castilla y León, en la actualidad, aseguran que el hecho de que sea la acusación quien le cite como testigo, «sólo alcanza un verdadero significado, si quien reclama la comparecencia de Javier García Prieto tiene la certeza de que actuará contra la presidenta provincial del partido de forma abierta».
García Prieto, que nunca llegó a estar entre las quinielas a ser candidato a la Alcaldía de León, tal y como él mismo reconoció en no pocas ocasiones, no ha perdonado aún que Isabel Carrasco le impidiera repetir como presidente de la Diputación, precisamente con el apoyo de quien ahora es uno de los que más alienta la animadversión del procurador hacia la presidenta: Juan Morano. Además, de Cecilio Vallejo, quien sí que está demostrado que facturó 331.588 euros por trabajos a la Caja, pese a prohíbirselo su contrato.
En el comité provincial
La idea de firmar este escrito para reprobar la forma de actuar del procurador leonés se fraguó en el último comité provincial, celebrado el pasado día 16.
Al termino del mismo, en torno a las 19.00 horas, los firmantes, salvo algún diputado que no se encontraba presente en ese momento y rubricó el escrito con posterioridad, debatieron durante aproximadamente media hora qué hacer ante las «fobias personales» de García Prieto.
En el transcurso del debate, uno de los más beligerantes fue el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, quien en sus afirmaciones llegó incluso a pedir que se le abriera un expediente, ante lo que consideraba una actitud inadmisible. Una idea, que rápidamente fue contestada por el secretario provincial del PP de León y diputado nacional, Eduardo Fernández, quien les hizo ver que, con los estatutos en la mano, no existía causa para iniciar ese expediente. La razón, según aclaró Fernández, es que para que eso ocurra, los ataques deben ser públicos y notorios en medios de comunicación. Extremo que no se ha producido en el caso del ex presidente de la Diputación.
A partir de aquí se redactó un primer borrador por parte de Eduardo Fernández y, posteriormente, fue corregido y ampliado, con el consentimiento de todos, por el senador, Luis Aznar. La carta se envío el día 21 y en ella se incide que siendo grave la declaración como testigo, «lo que sin duda supera los límites de lo admisible y disculpable es la publicidad reiterada que por las calles y bares se hace de este asunto por parte de Javier García Prieto en términos que preferimos, por decoro y prudencia, no reproducir textualmente», se indica en el escrito que apela a los estatutos: «Este comportamiento, además de que podría tener cabida en el régimen disciplinario por contravención del art. 7.1.a de los Estatutos Nacionales, es un ejemplo de las conductas que nos alejan de los ciudadanos que ven con distancia, por no decir con desprecio, los comportamientos de los políticos».
La carta finaliza pidiendo una reunión con Herrera, para «actuar con rapidez, ya que el deterioro de la situación será mayor cada día que pase», recalcan los 26 firmantes.
