Los sindicatos estudian si es legal que los empleados de autopistas sean «autoridad»
Los trabajadores están obligados desde el día 1 a denunciar los impagos de peajes.
Los trabajadores de las autopistas tendrán rango de autoridad temporal para denunciar irregularidades.
Los responsables del sector de Transporte de UGT y CC.OO. en León analizan si la decisión del Gobierno de convertir a los trabajadores de las autopistas en «agentes de la autoridad» se ajusta a la legalidad, y si esta función debe estar incluida en las obligaciones laborales de los empleados. A finales de año el Ministerio del Interior aprobó una modificación de la Ley de Seguridad Vial y de la Ley de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión, con más medidas para evitar el impago de los peajes en las autopistas.
Con la modificación, el personal está obligado a denunciar el impago de los peajes y su testimonio tendrá «valor probatorio» en caso de juicio.
La norma señala que «el personal encargado de la vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico formulando, en su caso, las denuncias procedentes conforme a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y quedando investidos temporalmente de carácter de autoridad. Las denuncias formuladas por el personal de la empresa concesionaria tendrán valor de medio de prueba para acreditar los hechos denunciados.»
La medida ha pillado en un primer momento por sorpresa a los representantes sindicales, que aseguran que si la ley lo establece y se demuestra la legalidad de la norma los trabajadores tendrán que asumir la nueva tarea.
Una labor que, sin embargo, advierten que hasta ahora no estaba incluida en sus funciones. José Manuel Vidal, secretario general del Sindicato de Transportes de UGT, asegura que hasta el momento no se ha dado la circunstancia de que los trabajadores tengan que realizar esas funciones en la provincia, y reconoció ayer la preocupación en el sector por las implicaciones que pueda tener esta nueva tarea. Por su parte Xosepe Vega, responsable de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., recordó que, en cualquier caso, «se trata de iponer una obligación que va más allá de las funciones de estos trabajadores».