Martín-Granizo justifica que se prime la integración del AVE en Valladolid

Mientras en Valladolid la Junta y el Gobierno respaldan, junto al consistorio vallisoletano, un crédito mancomunado de 400 millones de euros para la integración del AVE, en León, después de disolver la sociedad gestora a final de año, no se sabe aún como hacer avanzar el proyecto. Una indefinición que no tienen en la capital castellana, donde en las pasadas semanas se ha aprobado sacar a licitación un estudio para el aprovechamiento del suelo y se han logrado 14 millones de euros, provenientes del Estado, para ejecutar un ramal necesario. Una situación en la que se prima a la ciudad del Pisuerga que la concejala de Urbanismo de León, Belén Martín-Granizo, justificó ayer con el argumento de que «es una ciudad a la que ya llega el AVE». «Valladolid tiene un avance mayor que el nuestro. La inversión en Valladolid lleva años siendo mayor que aquí porque de momento no llega el AVE», insistió para no criticar al PP autonómico ni nacional, como ya hiciera cuando el Ejecutivo central decidió recortar casi a la mitad el proyecto de integración de Feve.

Martín-Granizo, en la misma línea que el consejero de Fomento, el leonés Antonio Silván, defendió que Valladolid cuenta con este crédito porque tenía «un proyecto más creíble, no por el momento, sino porque físicamente el AVE está allí. «Es un crédito mancomunado que hay que pagar mes a mes», citó la edil, quien apuntó que los 14 millones de euros de deuda de la sociedad en León han derivado en que «en diciembre Adif haya tenido que pagar 400.000 euros de intereses». «Gracias a Dios nadie nos creyó hace dos años cuando pedimos un crédito de 300 millones porque ahora mismo tendríamos un problema gravísimo», reseñó la concejala del PP, quien auguró que «Valladolid, seguramente, va a tener un problema económico inmediatamente».

La edil del PP subrayó que «si realmente se hubiera puesto cabeza en este proyecto, si se hubiera puesto sensatez, hace 4 ó 5 años se hubiera promovido un proyecto en Torneros, no un macroproyecto, sino uno adecuado, para tener ya un punto de atracción y de arranque para nuestra ciudad». «No se apostó por él, se hizo un modelo que ya se ha demostrado que no es viable, por medio de la especulación de suelo para hacer viviendas», abundó Martín-Granizo, quien volvió a justificar que se disolviera la sociedad, que se mantiene en el resto de las ciudades de España, porque costaba 350.000 euros.