Los técnicos intervendrán en caso de que se detecte que hay deficiencias

La nueva ley delimita el ámbito de aplicación de la inspección estableciendo el total de las construcciones en los municipios de más de 20.000 habitantes y en los de uso residencial en tipología no unifamiliar en aquellos que cuentan con Plan General de Ordenación Urbana o con población superior a 5.000 habitantes.

También se recogen las instrucciones para la actuación del técnico inspector en el caso de que se detecten deficiencias que comporten riesgo para las personas, notificando simultáneamente a los propietarios y al ayuntamiento. También se establece la custodia de la documentación de la inspección en el ‘ibro del edificio y si no existe, por parte de los propietarios.

Igualmente regula la evaluación periódica del estado de conservación de las construcciones y se determinan las obras necesarias a realizar para cumplir los deberes, según informa la Junta.