Pucci despide a un delegado sindical al que tiene en ERE y debe dos nóminas

La dirección de Antibióticos comunicó ayer a Néstor Santos, delegado de USO y una de las voces más críticas sobre la actual situación de la empresa, su despido disciplinario alegando «faltas muy graves» que, según la empresa, ha cometido en los últimos meses y que están tipificadas en el artículo 61 del Convenio General de la Industria Química. En la comunicación del despido, a la que ha tenido acceso este periódico, la dirección enumera hasta cuatro apartados de dicho artículo que, según la dirección, habría inflingido. Santos estaba ahora mismo en el expediente de regulación de empleo y la empresa le debía dos nóminas de extras.

En la carta se hace referencia a «su deslealtad» hacia la empresa y hacia el resto de compañeros por las noticias que «casi a diario» transmite a la prensa. También se le acusa de «violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa», a los que tuvo acceso por su condición de miembro del comité de empresa, según la dirección. Además le acusa de haber revelado a través de los medios de comunicación «malos tratos de palabra u obra». «Además de criticar a la empresa, a la dirección e incluso a sus propietarios, también ha venido acusando al Sr. Pucci de realizar acciones ilegales al comprar y dirigir la empresa, llegando incluso a anunciar supuestas irregularidades en la compra de la compañía», dice la carta de despido. El último apartado de ese artículo 61 al que se aferra la empresa es el acoso moral o mobbing, por «la campaña de prensa en la que diariamente viene usted poniendo en evidencia la gestión de la sociedad, solicitando la salida de la actual propiedad, que no tiene otra finalidad que la de conseguir ese aislamiento de la empresa y el que la misma decida salir del accionariado».

Además el despido disciplinario, que fue comunicado al comité a las cuatro de la tarde de ayer, se basa también, según la empresa, en dos apartados del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, uno por ofensas «verbales o físicas al empresario» y otra por la «transgresión de la buena fe contractual» por la «campaña de desprestigio» contra la empresa.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León aprobó ayer encargar a los servicios jurídicos municipales un estudio para que el posible concurso de acreedores de Antibióticos se tramite en León y no en Madrid, donde la empresa lo ha presentado. El portavoz del equipo de gobierno, José María López Benito, explicó que «harán todo lo posible» para que así sea y advirtió de que, en caso de que siga en Madrid, el Ayuntamiento presentará «una acción declinatoria» teniendo en cuenta que es uno de los acreedores de Antibióticos. Los trabajadores volvieron a concentrarse ayer a las puertas de la fábrica.