Lesmes propone echar otra vez a los empleados que paga por estar en casa

Con más de 15 sentencias de nulidad de despido dictadas por Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que obligan al Ayuntamiento a readmitir por ahora a 15 trabajadores de los que 12 están en su casa con derecho a nómina, la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, ha decidido usar la puerta de atrás para volver a despedirlos. Una fórmula abierta por la doctrina de una sentencia resuelta el 22 de julio de 2013 por el Tribunal Supremo, sobre un caso del Servicio Madrileño de Salud. Un fallo de la sala de lo social del alto tribunal —resuelta con 8 votos a favor y 6 en contra, además de un extenso voto particular de los magistrados contrarios— que «considera que, en los supuestos de indefinidos no fijos en la administración pública, cuando se amortiza la plaza procede declarar la extinción de la relación laboral sin necesidad de acudir al despido, ya que considera que a los indefinidos no fijos se le aplica la misma doctrina de los interinos», según consta en la propuesta elevada por la edil para su acuerdo hoy en la junta de gobierno municipal.

La sentencia le concede a Lesmes una salida para «resolver esta difícil situación», como admite en su informe, que genera que desde hace cinco meses haya trabajadores a los que se tenga que pagar la nómina y se les tenga en casa sin funciones, a razón de una media de 2.000 euros entre sueldo y seguros sociales por cada uno de los ya 12¡ afectados al mes, más otros 3 a los que se readmitió tras 3 meses en la misma situación. Un caso en el que consideran «procedente, en base a los informes de la asesoría jurídica, de personal y de intervención, aplicar la doctrina» contenida en la sentencia del Supremo. «Inicialmente proponemos que esa solución se aplique a aquellos casos en los que se haya recurrido el despido, se haya declarado nulo el mismo por resolución judicial y se haya amortizado la plaza o cerrado el servicio», resuelve la propuesta, que se remata con el apunte de que «a todos ellos se les remitirá la carta de extinción de la relación laboral de manera inmediata» por «amortización de la plaza».

No es la primera vez que el Ayuntamiento utiliza como aval la sentencia del Supremo, que fue rechazada por el juzgado de lo social de León en el último caso resuelto a favor de un trabajador de servicios sociales, tras asentar el juez que no era de aplicación en el caso. El empecinamiento en no cumplir el fallo del TSJ, en contra de lo que han hecho otras administraciones también del PP en situaciones análogas, como la Diputación Provincial, a que readmitió a 6 trabajadores de la disuelta Ipelsa y a 5 agentes de desarrollo de manera casi inmediata.

Pero frente a este criterio, el escrito presentado por Lesmes insiste en que «el Ayuntamiento tiene serias dificultades» para readmitir a los trabajadores en los mismos puestos, ya que «en algunos casos se ha cerrado el servicio (es el caso, por ejemplo del Albergue) y en otros se ha amortizado la plaza, por lo que no existe crédito para poder afrontar esos pagos». «Es más, el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento de León e informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo impide, ya que por un lado dispone la amortización de todas las plazas que queden vacantes y cuota cero en la creación de nuevas y, por otro lado, el superávit que se produzca ha de destinarse a la amortización de la deuda», abunda la propuesta.

Los mismos argumentos que ya ha desechado el TSJ para decretar la ejecución provisional de las sentencias de nulidad, que obligan a la readmisión de los trabajadores, a pesar de que el Ayuntamiento de León ha decidido recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que podría tardar 18 meses en resolver el caso durante los cuales se debe pagar a los afectados. «Los recursos judiciales seguirán su curso y en principio no impedirán la aplicación de la medida que proponemos», defiende Lesmes en su propuesta. El plan que deben ratificar hoy el alcalde y sus compañeros.