«Yo quiero, deseo y espero que el AVE llegue a León, Burgos y Zamora en 2015»

—¿Puede cuantificar ya a cuánto asciende ese ahorro efectivo que usted al inicio de esta Legislatura anunció se iba a lograr con la reunificación de las diferentes áreas de esta macroconsejería?

—Dentro del programa de reducción del sector público se han aplicado medidas que afectan a todas las consejerías y también a la de Fomento y Medio Ambiente. ¿Qué se ha hecho? La sociedad Provilsa está ya en la ultimísima fase de extinción y determinadas actuaciones las ha asumido la sociedad pública Somacyl. Pero más allá de esta generalidad y por ir a datos concretos, que entiendo es el objeto de la pregunta, en estos dos años el ahorro en coste de personal es de 95 contratos que no se renovaron que, sumado al gasto corriente que suponía Provilsa, supone un ahorro de seis millones de euros. Ése es el ahorro concreto y efectivo y la realidad de cómo racionalizar el gasto del sector público.

—Una vez conocida esta realidad, vayamos a lo concreto y a lo más inmediato informativamente hablando, el varapalo que ha sufrido este Gobierno con la declaración de ilegal del Constitucional respecto a la Ley que se aprobó para dar viabilidad al proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. ¿Tiene futuro la CMA pese a este varapalo?

—Por supuesto. Lo que hemos hecho a la vista de la sentencia del Constitucional es reorientar y redefinir el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, que va a ser exclusivamente un proyecto empresarial e industrial generador de empleo. Nos olvidamos del aspecto residencial e institucional y nos centramos exclusivamente en el empresarial, en el que ya estábamos trabajando antes de la sentencia. La solución adoptada es la adecuada. Lo que queremos, y así nos los propusimos nada más conocer la sentencia, es que la empresa que estaba allí instalada, que había hecho una inversión de 50 millones de euros, que tenía más de cien puestos de trabajo directos más los indirectos, no sufriera las consecuencias de esa sentencia. Y no las ha sufrido. La sentencia del Constitucional no anuló el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. Lo que ha dicho es que el instrumento para desarrollar la Ciudad del Medio Ambiente no tenía que haber sido ley, sino un decreto. Vamos a cumplir escrupulosamente con esa sentencia y adaptarnos a la realidad, creación de empleo y realidad industrial, para que aquellas empresas que tenían interés de instalarse ahí no lo pierdan en este periodo de stanby, en el que no podemos conceder licencia alguna. Además, desde la Junta ya hemos concedido una subvención al Ayuntamiento de Garray para acometer el cambio de las normas urbanísticas, para que todos los elementos urbanísticos nos lleven a lo que queremos: espacio industrial, espacio empresarial y generación de empleo.

—¿Y no debería tener responsabilidades políticas esta gestión, porque también está parada la cúpula de la Energía al no tener los permisos del Ayuntamiento de Garray? ¿Cómo es posible que en un proyecto de tal envergadura y tan importante para esta Comunidad se hayan cometido tantas torpezas?

—Bueno, es un proyecto que nació con un objetivo y se consideró, en ese momento, que la herramienta el instrumento adecuado iba a ser la ley que lo habilitara. Tras sucesivas resoluciones judiciales hemos llegado a este punto. Doy la respuesta al contrario, ¿qué hubiera sucedido si el Constitucional hubiera dicho que todo se había hecho con arreglo a Ley y no lo hubiéramos realizado? Ahora lo que hacemos es reconducir esa situación y yo creo que el planteamiento que inicialmente se hizo era con el objetivo claro de agilizar ese proyecto fundamental para Soria y fundamental para Castilla y León.

—¿Para cuándo ese decreto y qué va a regir?

—Pues la tramitación más rápida posible y entendemos que a finales de este año ese decreto va a estar.

—Vamos, que hasta entonces va a estar parado todo.

—Hasta entonces es que no se puede hacer…

—Claro que tampoco les ha venido tan mal, porque en esta situación de carencias y de poca inversión no les supone un trastorno.

—Tengo que decir que en esta Legislatura ya hicimos el cambio de objetivo de la Ciudad del Medio Ambiente, de tal forma que la segunda fase que ya tenía el componente residencial no lo desarrollamos y fuimos directamente al componente industrial, que estaba ya ejecutado en torno a un 85%. La ventaja que tenemos ahora es que todo ese trabajo y toda esa obra, que no se ve y ha costado mucho dinero pero que está ahí, se pueda reconvertir y apoyar el suelo empresarial e industrial.

—Perdone, da la impresión de que ustedes sólo actúan a golpe de sentencia. El de la Ciudad del Medio Ambiente no es el único varapalo judicial y en todos siempre su respuesta es que ya están trabajando en ello. ¿Por qué no lo hicieron ya de inicio en ese ámbito industrial y se olvidaron del residencial?.

—Vamos a ver, es evidente que el área de Medio Ambiente está muy judicializada y en tiempos de bonanza económica ha sido objeto de mucho planteamiento judicial por todos y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Lo que debemos tener es la capacidad de reacción suficiente para responder a esas sentencias desfavorables. Y hemos actuado, yo creo que con agilidad, en la Ciudad del Medio Ambiente y en las demás, como en la del TSJ sobre las competencias en materia de Red Natura dice que las competencias son del Gobierno. No es que estemos trabajando a golpe de sentencia. Lo que debe haber es capacidad de reacción porque en política y cuando gestionas a veces te dan la razón y a veces te la quitan y el político tiene que saber adaptar esa situación a la realidad, partiendo de la premisa de acatamiento y respeto y en posición de saludo.

—¿Es consciente de que en esta área, y aunque no sea durante su etapa…?

—Sea o no sea mi etapa…

—Bien, pero queremos ser rigurosos y así lo hacemos. Y no hablamos de la etapa inmediatamente anterior, sino de más atrás también. ¿Es consciente de que en este departamento de Medio Ambiente es necesario poner un cierto orden porque no sufre más que varapalos: Santovenía, Meseta Ski, San Glorio, Las Navas del Marqués…? ¿Asume usted estos errores?

—Lo asumo todo. He comenzado diciendo que el área de Medio Ambiente estaba tremendamente judicializada y una de mis preocupaciones cuando la asumí era atender esas situaciones. Hombre, yo soy responsable de todo porque soy solidario con un gobierno, esté quien esté. Cuando asumí la cartera asumí también lo que había. No lo hice a beneficio de inventario. La asumí con el activo y el pasivo. Lo que hacemos es prepararnos a esta situación. Trato de aplicar el criterio del acuerdo, el entendimiento y el diálogo. Por supuesto, que hay planteamientos judiciales en mi etapa, pero quiero que sean los mínimos y cuando ya no hay posibilidad de acuerdo.

—Pero el problema es que la Justicia siempre le quita la razón a ustedes.

—Bien, pero lo que trato de hacer es responder inmediatamente a esas disposiciones judiciales de la mejor manera para que se beneficie Castilla y León, como hemos hecho en el conocido caso de la Ciudad del Medio Ambiente y reconducirlo. Y punto dos, evitar esa judicialización desde que yo estoy aquí. Por ejemplo, en la otra área como es Fomento, que también tiene sus dificultades y está apegada al territorio, no está tan judicializada, es la verdad y así puede verse.