Los pueblos afectados por la Variante exigen a la CHD que actúe contra Adif
Avisan de que si no impone la reparación denunciarán al regulador ante el TSJ.
La federación de entidades locales menores se reunió ayer en Ciñera de Gordón.
Con la advertencia de que acudirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si persiste SU inactividad, la federación de entidades locales menores aprobó ayer presentar una denuncia en nombre de los pueblos afectados por la Variante de Pajares para exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que actúe contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Una actuación con la que quieren «no sólo que se sancione» a la institución «titular de la obra» sino que «obligue al Ministerio de Fomento a la elaboración de un proyecto de reposición del daño con medidas compensatorias que lo minimicen», como explicó el asesor del colectivo, Carlos González-Antón. «Si a cualquier persona se le ocurre meterse en el río con un bulldozer parta hacer unos trabajos le cae una multa increíble y además le obligan a que asuma el coste de la reparación», comparó el portavoz de las pedanías de la cuenca del Bernesga. Un ecosistema que ha visto como desaparecen una veintena de acuíferos y se ven deteriorado «todo el entorno, desde los pastos hasta los aprovechamientos forestales», debido a los trabajos de los túneles. Un impacto que consideran que «puede ser constitutivo de un delito ambiental».
El proyecto del AVE en el que se llevan gastados más de 3.500 millones de euros, tras los que persisten unas filtraciones de hasta 360 litros por segundo al interior de los túneles. Acuíferos de la cuenca leonesa que terminan por desaguar en Asturias, donde el Ayuntamiento de Pola de Lena ya ha manifestado su intención de coordinar actuaciones. Un «trasvase encubierto» que los pueblos leoneses reclaman que «se recuperen en la medida de lo posible con balsas, bombeos o lo que sea necesario».
La vía judicial abierta se suma a la queja que ya se había decidido plantear ante la Comisión Europea por «posible incumplimiento del derecho comunitario» al afectar a una zona «de la red Natura 2000 y catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC)», señala González-Antón. Unas figuras de protección «que se han visto dañadas por una obra financiada con fondos europeos, lo que las instituciones comunitarias consideran un agravante». «Somos pocos y dispersos, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es posible que nos hagan caso», resumió Juan López, pedáneo de Ciñera, uno de los coordinadores del inventario promovido por los pueblos para recoger los daños ocasionados por la obra.