León certifica ante Hacienda que mantendrá servicios sin más recortes

No hacen falta más recortes, ni siquiera alcanzar la cobertura del 100% del coste de los servicios impropios con tasas y precios públicos a partir del año 2018, como exige el Gobierno. El Ayuntamiento de León aprobó ayer con la mayoría absoluta de los votos del PP, pese a la oposición de PSOE y UPL, la revisión del plan de ajuste municipal comprometido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la devolución de los 174,6 millones de euros obtenidos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar la deuda con proveedores. Una cuenta que queda cerrada con cuatro años de carencia en los que sólo se pagan intereses, de los que se han cumplido ya dos y dejan el margen en julio de 2016, y la ampliación de la amortización a 16 años, con el 2032 como fecha final; justo el doble de lo que se había firmado. Un escenario en el que el consistorio de la capital leonesa, gracias a la refinanciación estatal, verá reducido el tipo de interés del 5,59 actual al 5,09%, lo que supondrá un ‘ahorro’ de alrededor de 800.000 euros anuales con respecto a lo planteado de inicio, pero a su vez verá elevada la factura de ganancia para los bancos por encima de los 100 millones de euros.

La radiografía no supone un cambio sustancial con respecto al plan que se aprobó hace ahora dos años, cuando se acometió el ERE que acabó con un centenar de despidos, se subieron las tasas, se municipalizó el servicio de recogida de basura y limpieza viaria y se cerraron la guardería Pío XII de Mariano Andrés, el laboratorio y el albergue municipal. Por encima de esto, apenas se hace constar como cambio la municipalización de la limpieza de interiores, que dispone un ahorro de 600.000 euros para este año y de 1,2 millones a partir del próximo. Una ‘hoja de ruta’ que «garantiza la sostenibilidad económica del Ayuntamiento de León», como incidió el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy.

El resto de las medidas no varía. Aunque sí que queda como amenaza la obligación marcada por el Gobierno de que en el plazo de 4 años se tenga que financiar con tasas o precios públicos los servicios impropios o no obligatorios. Una nómina en la que entran el coto escolar, la escuela de música o las escuelas deportivas, entre otras, como se cita en el plan de ajuste, que tendrían que estar cubiertas en 2018, pero cuyos mayores ingresos no son necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, de acuerdo al marco de financiación ya fijado. Una disposición que queda reflejada en cuadro económico que asienta los servicios públicos prestados tienen un coste de 113.338.140 euros y los ingresos ascienden a 29.795.370, lo que deja una desviación negativa de 83.542.770 euros —con 33 millones de ahorro con respecto a los 116.423.850 euros que había en 2011— que se pueden asumir con los ingresos corrientes que tiene la administración por impuestos y transferencias pública, que rondan los 130 millones.

Por encima de los servicios públicos, en la cantidad de 130 millones cabrá también la carga financiera. Una factura que rondará los 25 millones de euros, de los cuales la devolución del ICO rondará los 18 millones cuando empiece a amortizarse el principal. Un margen en el que incluso hay posibilidad para presupuestar con superávit, según se cita en el plan de ajuste, para enjugar los 23 millones que hay de remanente negativo de tesorería, en el que hay pagos pendientes por sentencias judiciales, como los 17 millones de almacenes municipales, y por aportaciones pendientes, como los 2,5 millones al consorcio del aeropuerto.