LA OTRA CIUDAD
El gueto de Santa Elvira
La Policía Local emite un informe que sugiere la demolición de los inmuebles. Urbanismo decidirá sobre las casas de la Azucarera
Uno de los habitantes del viejo edificio delante de la casa, que presenta un grave deterioro
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de León dispone de un extenso informe elaborado por la Policía Local, de acuerdo al cual se recomienda el derribo de las antiguas casas de los trabajadores de la Azucarera de Santa Elvira, por el delicado estado de conservación en el que se encuentran, que amenaza incluso la seguridad de sus habitantes.
Los agentes que visitaron la zona constataron la inseguridad que se aprecia en el área «no ya tanto por el tema de la sensación de falta de protección, que ese puede ser un aspecto subjetivo, sino por la propia posibilidad de que en un momento dado se produzca un derrumbamiento».
El informe consta de un notable número de páginas en el que se incluyen fotografías, planos y gráficos de la zona. Se realizó recientemente y a continuación se ha entregado al gabinete de la concejala de Urbanismo, para que se estudie de forma conveniente y se adopte una determinación.
Incidente reciente
La zona fue objeto recientemente de un incidente que terminó con dos varones hospitalizados en el Complejo Asistencial de León a causa de una pelea por motivos sentimentales. «Se han registrado incidentes aislados de vez en cuando, pero la convivencia es relativamente normal aunque los vecinos de la zona seguramente tienen cada uno su propia opinión», explicaron fuentes autorizadas de la Policía Local.
Las casas se encuentran en las inmediaciones del Palacio de Congresos, aunque algo más alejadas del área en la que se halla la futura instalación que se está construyendo con fondos del Ayuntamiento de León, la Junta y el Gobierno.
Centroeuropeos
El área que se sugiere como susceptible de demolición es una zona semiabandonada que básicamente se encuentra habitada por individuos de países del centro de Europa, que no conforman familias estructuradas y que no tienen ocupaciones conocidas, a tenor de los daos recabados por parte de los agentes de la policía municipal.
El asunto está a la espera de que se resuelva definitivamente, por cuanto la posibilidad de aceptar la delicada situación en la que se encuentran los inmuebles implicaría tener que buscar posiblemente un emplazamiento nuevo para los habitantes de las casas.
Con el estreno del nuevo curso político, el asunto formará parte de la agenda de actividades que acometerá el equipo de gobierno municipal, aunque en cualquier caso se espera el informe de los técnicos para determinar la necesidad de actuación que se puede plantear en la zona.
La concejala de Bienestar Social, Montserrat Gutiérrez, aseguró a este periódico que en principio los inquilinos de las viviendas no están generando problemas de especial importancia «aunque siempre estamos atentos a las necesidades que se puedan plantear en estos casos».