León pide dureza contra los pederastas

La memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio de 2013 recoge la apertura de diligencias previas en dos casos de abusos sexuales contra menores de 13 años en la provincia de León el año pasado y la puesta en marcha de tres diligencias de investigación por el mismo concepto. A causa de estas cuestiones, una persona fue enviada a prisión en la única sentencia que se registró el pasado año por este tipo penal. En 2012 se habían abierto hasta una decena de diligencias previas.

Durante el mismo periodo, se detectaron en León tres casos de utilización de menores con fines pornográficos, aunque ninguna de las sentencias dictadas al respecto derivó en penas de prisión.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había incluido en la reforma del Código Penal el endurecimiento de las penas por este tipo de delitos. El Ministerio de Sanidad también había propuesto la creación de un «registro de pederastas» precisamente a raíz del caso de un profesor leonés, el del Colegio Valdeluz, en prisión actualmente acusado de una serie de abusos sobre sus alumnos.

Ninguna de las dos medidas del Ejecutivo ha visto la luz de forma definitiva a día de hoy y según explicaron a este periódico fuentes del Ministerio de Justicia, en la actualidad no existe ningún registro oficial como tal atendiendo a una peculiaridad: los condenados por este tipo de penas pueden solicitar al día siguiente de cumplir la totalidad de su pena que se elimine cualquier referencia a su persona en los archivos, por el perjuicio que puede causarles a la hora de realizar trámites de carácter personal, «como buscar un puesto de trabajo».

Como en otros países

La legislación española trata de ponerse a la altura de las existentes en otros países de Europa. En Gran Bretaña los pederastas tienen la misma categoría penal que los terroristas. Las condenas de más de 30 meses de prisión quedan registradas ya de por vida en el fichero de pederastas. Francia vigila de forma especial a los condenados a más de diez años de prisión cuando salen de la cárcel y Alemania ha inventado la «custodia de seguridad» que consiste en la reclusión voluntaria de aquellas personas que aprecien en su propia conducta la aparición de tendencias pedófilas aún cuando no hayan cometido delito alguno. Dinamarca dispone de la legislación más suave en este ámbito y las condenas que no lleguen al año y medio de cárcel pueden ser sustituidas por un tratamiento psiquiátrico.

Jurídicamente, los expertos tienen posturas contrapuestas en torno a la posibilidad de que se cree un registro de pederastas como tal amparado por la legalidad, puesto que actualmente los antecedentes penales se cancelan al cabo de un tiempo determinado.

Además, la finalidad del régimen penal español es favorecer la reinserción de los condenados y la exigencia de carecer de este tipo de antecedentes para poder trabajar con niños puede llegar a plantear problemas de encaje a nivel de legislación.

En medio de la diatriba, la modificación legal sigue esperando. Y no hay novedades.