Diario de León

PSOE y UPL culpan a Lesmes de la denuncia laboral ante Protección de Datos

. El PP defiende que no hay irregularidades y que aprobará la ampliación del fichero necesario.

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álvaro caballero | león
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El PSOE y la UPL se alinearon ayer con la denuncia presentada por el sindicato Asial contra el Ayuntamiento de León por la presunta vulneració de la Ley de Protección de Datos personales en la puesta en marcha del sistema de control de la huella digital, tras incidir en la «improvisación continua» y la «política plagada de errores» de la Concejalía de Personal y Régimen Interior, dirigida por Nurias Lesmes. Unas acusaciones contra las que se volvió el equipo de gobierno con el argumento de que está «siguiendo paso a paso las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos».

El PP defendió que «el Ayuntamiento de León sí dispone de un fichero de archivos municipales protegidos por ley». «Para la implantación de la huella digital, como fórmula de control de presencia de los empleados municipales, se ha realizado un decreto de ampliación de dicho archivo, que será publicado en el Boletín de la Provincia en próximas fechas, tal y como exige la Ley de Protección de Datos», explicó para intentar de rebatir una de las acusaciones formuladas por Asial, que señala que se vulnera el artículo 20 de la citada ley, puesto que, como ya se ha resuelto en un expediente abierto a la Junta de Castilla-La Mancha, la creación o ampliación de estos ficheros mediante publicación en un diario oficial debe hacerse «con anterioridad» a la recogida de la información que ya comenzó la pasada semana. Pese a ello, el equipo de gobierno insistió en que «no existe riesgo de multa, tal y como ha informado la Agencia de Protección de Datos, porque todavía no se ha puesto en marcha la huella digital»; una infracción que puede acarrear sanciones de hasta 300.000 euros.

Frente a estas tesis, el PSOE reclamó «la paralización inmediata de la toma de huellas dactilares del personal municipal para la gestión del fichado y del cumplimiento de horarios de trabajo, hasta que se resuelvan las denuncias presentadas, y que se depuren las responsabilidades que hubiera por una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos». «La edil de Personal se ha empeñado con un afán electoralista mal entendido en realizar a toda prisa este cambio y todo parece indicar que no ha cumplido con los requisitos legales y normativos preceptivos», incidió el edil Vicente Canuria, tras recordar «la sarta de sentencias contrarias al Ayuntamiento de León, con el consabido coste para los trabajadores, el trabajo y los servicios municipales, así como el coste para todos los leoneses» provocados por las decisiones de Lesmes.

En la misma línea se mostró el portavoz de la UPL, Eduardo López Senedino, quien aseguró que no le «sorprender ni la denuncia, ni la posibilidad de sanción dada la política de improvisación y de prepotencia que les lleva a adoptar medidas que carecen del oportuno soporte jurídico y legal».

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