La Junta oficializa el contrato hasta 2017 con Serunion por cinco millones

La Junta ha formalizado el contrato de gestión del servicio público de 41 comedores escolares de colegios públicos leoneses a Serunion, a pesar de la polémica que ha generado la aparición de larvas de gorgojo en el menú de seis de ellos el pasado 9 de octubre. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer el último trámite burocrático haciendo público el contrato que se extenderá hasta junio del 2017 y que tiene un valor que supera para el curso actual y los dos siguientes de más de cinco millones de euros.

La adjudicación se realizó el 5 de septiembre y se formalizó el día 10, aunque la resolución no fue emitida por la Consejería de Educación hasta el 4 de noviembre, casi un mes después de que aparecieran los gusanos en los colegios Antonio Valbuena, Trepalio, González de Lama, La Palomera y el CRA de Riaño. El documento recoge que la provincia de León cuenta con dos lotes, uno adjudicado a la empresa De Celis y el segundo a la UTE Serunion-Lince Asprona. La selección de estas dos empresas se basa en que su oferta fue «la más ventajosa económicamente, junto a la valoración de la calidad y variedad de los menús, el personal con discapacidad, las mejoras en la atención al alumnado, la organización del servicio y el departamento dietético-nutricional».

El consejero de Educación, Juan José Mateos, a pesar de la batalla iniciada por los padres leoneses, los sindicatos y partidos políticos como IU y PSOE, descartó ayer recuperar la gestión pública de los comedores escolares de la comunidad, al considerar que «no tiene mucho sentido», según informa Ical. Respecto a la tramitación del expediente abierto por la Junta para determinar la responsabilidad de Serunion después de la aparición de larvas de gorgojos en la sopa, Mateos comentó que sigue abierto y «una vez que se termine» se adoptarán las medidas que indique. «Al mismo tiempo, dentro unos días presentaré el plan que anuncié para mejorar los comedores escolares», puntualizó.

El consejero de Educación insistió en que no se ha rescindido el contrato con la empresa como solicitan las asociaciones de padres porque «los contratos están para cumplirlos». Además, «hay un expediente abierto, una investigación que se tiene que terminar y que tiene que calificar la gravedad de lo que están investigando y lo que ha sucedido». A este se suma, como recordó, otro expediente por parte de Sanidad, «que es el que debe de determinar si lo que allí se ha producido es grave».

«Hay que reconocer que lo que se ha producido es un hecho muy importante, tiene su gravedad, pero desde el punto de vista de la sanidad no ha ocurrido ni siquiera una alerta sanitaria», concluyó el consejero.