El PP rechaza apartar al interventor ahora porque «es testigo, no imputado»

No hubo intervenciones. Ni siquiera votación. El pleno de la Diputación dio por finalizada la etapa de Marcos Martínez Barazón con el simple asentimiento a la renuncia voluntaria como presidente leída por la secretaria: «Soy totalmente inocente de los cargos que se me imputan en el Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº6 de Madrid. Mi situación procesal es injusta, y seguiré proclamando mi inocencia en todo momento, considerando que no se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal», se oyó en la sala, mientras sus antiguos compañeros certificaban con cara de circunstancias el primer paso de la nueva etapa, en la que el ya ex presidente conserva el acta de diputado.

No perderá su condición tampoco el interventor de la Diputación, Jesús López Sánchez, como informó el presidente en funciones, Lupicinio Rodrigo. No habrá expediente para apartarle del cargo a través de la comunicación de los hechos a la Junta y, por extensión, al Ministerio de Administraciones Públicas, después de que el afectado presentara «a última hora» del lunes «la citación efectuada por el juzgado central de instrucción en la que consta su condición de testigo». «No consta como imputado en la causa», apostilló el diputado del PP, que quiso hacer ver que no habían intentado apartarle, aunque terminó por admitir que «el dossier» que habían preparado lo realizaron «con lo que había aparecido en prensa».

«Yo no digo que esté o no imputado», concedió Rodrigo en medio de la explicación; un extremo que tampoco confirmó la Audiencia Nacional, que se limitó a informar de que por ahora no ha sido interrogado por el juez Eloy Velasco. «Ese dossier lo tenemos parado y, en función de como vayan los acontecimientos, ahí queda quieto», se atropelló, antes de que los portavoces de PSOE y UPL reseñaran que a ellos les comunicó que la intención inicial de la pasada semana era suspenderle de empleo y sueldo. «No estaba apartado, no lo ha estado en ningún momento; tenía tres días por enfermedad, también tiene derecho a moscosos», abundó, después de que ni ayer ni el pasado viernes asistiera al pleno para cumplir con sus funciones ordinarias en la administración, a pesar de que la pasada semana Jesús López sí que estuvo en su despacho del Palacio de los Guzmanes.

La oposición

Pese a las explicaciones, el portavoz del PSOE, Luis Rodríguez Aller, se mostró en contra de que el interventor siga con sus funciones, dado que por «cautela» si hay «sospechas, por prudencia lo lógico es que se aparte». «Es una pieza clave porque de intervención salen todos los informes para contratar; si ha habido contratación irregular y la detectó debería haber hecho un informe negativo», recalcó, antes de insistir en que es necesaria «una comisión de investigación» porque «por los expedientes que pidieron no es materia para que esté en la cárcel». «Suponemos que las grabaciones y otras investigaciones lo sean», afirmó.

A la teoría se apuntó también el representante de la UPL. «Es una maniobra de distracción, una tapadera», señaló Lázaro García Bayón, al recordar que los contratos de las cafeterías de San Isidro e Intur pedidos por la UCO son «menores».