La Diputación saca la plaza del interventor imputado y acaba con la interinidad

Jesús López Sánchez «Suso», el interventor general de la Diputación imputado en la trama de corrupción desvelada por la operación Púnica, tiene los días contados en este puesto que ocupa en comisión de servicios desde que en el verano de 2009 fue designado por la entonces presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, tras destituir del puesto al funcionario que lo había desempeñado durante trece años.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer la resolución por la que se da publicidad a la convocatoria de la plaza de interventor general de la Diputación de León para su provisión por el sistema de libre designación. Aunque el proceso para cubrir de forma definitiva este puesto se había iniciado a finales del verano del pasado año, después de que desde el Palacio de los Guzmanes se instara a la Junta a que le autorizara la convocatoria de este puesto para evitar su interinidad (tras cinco años y medio ocupado en comisión de servicios), la implicación del interventor actual en la trama Púnica aceleró el proceso.

Según ha podido conocer este periódico, el relevo estará resuelto en un mes o mes y medio y, una vez determinado el candidato que conseguirá hacerse con este puesto en propiedad, Jesús López Sánchez cesará en esa comisión de servicios y volverá a su plaza: la de viceinterventor. Un lugar más discreto y sin responsabilidad de primera línea en la labor de fiscalización de la gestión provincial, ya que su condición de imputado cuestionaba su presencia en plenos y otros órganos como consorcios, así como su protagonismo directo en la elaboración del presupuesto de 2015, ya presentado y aprobado inicialmente.

El proceso para autorizar la convocatoria de esta plaza estaba ya en marcha y aprobado cuando el sucesor de Carrasco, Marcos Martínez Barazón, fue detenido y encarcelado en el marco de la operación Púnica, por lo que toda la documentación tuvo que ser de nuevo remitida al nuevo presidente, Emilio Orejas, para su ratificación, un paso que aceleró la tramitación concluida ayer con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León a través de una resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local.

Al tratarse de un puesto de trabajo reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional, la Diputación precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado. Las bases para esta convocatoria fueron aprobadas por la junta de gobierno de la institución provincial el 17 de octubre.

El plazo para presentar las solicitudes para formar parte de la lista de candidatos que aspiran a esta plaza se ha fijado en 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOE. Una vez concluido el plazo, la Diputación publicará la lista de admitidos y excluidos en su propio tablón de anuncios y habrá diez días para la subsanación de errores.

Él no aspirará al puesto

Aunque el interventor actual podría aspirar a conseguir la plaza, que ha ocupado en comisión de servicios desde el verano de 2009, ya que reúne los requisitos exigidos, este periódico ha podido conocer que no lo hará, fundamentalmente, por las circunstancias judiciales que vive.

Tras declarar ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional, tuvo que depositar una fianza de 30.000 euros para evitar la prisión por su implicación en la trama de la operación Púnica. Al ocupar una plaza, la de interventor, destinada a habilitados de carácter nacional, la Diputación debió solicitar la intervención de la Junta al conocer su imputación. Es a la institución autonómica a la que corresponde la apertura del correspondiente expediente y el establecimientos de medidas cautelares, aún no comunicadas a León. López Sánchez llegó a la Diputación desde el Ayuntamiento de San Andrés en 1996 para ocupar la plaza de viceinterventor. En el verano de 2009 fue nombrado interventor por Carrasco.