Chamorro: «Los fallos de ex empleados de Gexín se recurren por interés general»

El alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, insiste en que «las sentencias de ex empleados de Gexín se recurrirán por interés general». Los juzgados de lo Social emitieron fallos para que el Ayuntamiento asumiera a esos ex trabajadores expulsados por la anterior adjudicataria de las piscinas cuando dejó de prestar el servicio el 31 de diciembre de 2013, bien readmitiéndoles o pagando indemnizaciones de 12.000 a 14.000 euros. El regidor considera un «deber» de la institución recurrir aquellos procedimientos en los que se favorezca los intereses de todos los vecinos del municipio y no sólo de unos pocos. Además, dejó claro que si se readmite a estos trabajadores que eran de una empresa privada y no del Ayuntamiento «se crea un importante agravio comparativo con el resto de ciudadanos del municipio», ya que las plazas deberían convocarse y poder persentarse en igualdad de condiciones todos los aspirantes. Recordó que la plantilla está congelada desde hace cuatro años, por lo que incrementarla ahora «supondría un perjuicio importante». Chamorro indica que la propia Inspección de la Seguridad Social fue quien negó el alta a estos trabajadores en su momento, al considerar que Gexín no les había dado de baja, por lo que el Ayuntamiento no les pudo contratar. Nada más conocerse las sentencias, hace unos días, el alcalde aseguró que se tomaría la decisión que aconsejaran los abogados en función de la defensa de los intereses generales y reiteró que «no es lo mismo trabajar para el Ayuntamiento que en el Ayuntamiento. Yo nunca les dije que seráin trabajadores municipales, sí que a la empresa que gestionara las piscinas le recomendaríamos que contara con los anteriores trabajadores».

Por otra parte, la concejala de IU, Eloina Terrón, reclama que el Consistorio negocie con los 17 trabajadores despedidos de las piscinas municipales y acuerde con ellos el cumplimiento de las sentencias de los tres juzgados de lo social de la capital de León, en las que se les daba la razón a los trabajadores por despido improcedente.