Diez años de dudas y siete de alquileres

La posibilidad de derribar el antiguo edificio del INSS comenzó a plantearse al inicio de 2006, cuando aún se valoraba la posibilidad de llevar a cabo una profunda reforma del edificio existente. Fue en septiembre de 2007 cuando el Gobierno anunció la demolición y la construcción de uno nuevo, ya que el inmueble existente «tanto en su estructura organizativa como en la distribución en plantas y las instalaciones impide una adecuada reforma interior». Se planteó la construcción de un nuevo inmueble «adaptado a las necesidades actuales de la Administración pública», que «atienda a los criterios de máxima funcionalidad, creando espacios amplios y versátiles adecuados al uso al que van destinados, con especial atención y estudio de aquellos aspectos que puedan favorecer las mejores condiciones de salud y seguridad laboral». Porque el edificio estaba afectado también por amianto y aluminosis.

La demolición de la antigua dirección provincial se concluyó en mayo de 2011, pero los trabajadores habían abandonado el edificio en octubre de 2008. Desde entonces ocupan de alquiler tres sedes en la capital (Padre Isla, otro en la confluencia de esta con Lope de Vega y la carretera de los Cubos), que suponen para las arcas públicas el pago de un alquiler anual de 750.000 euros.